La Red de Veedurías de Colombia encendió las alarmas sobre posibles irregularidades en los procesos de contratación en el Sena relacionados con seguridad privada. Mediante una queja formal radicada ante la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría, la organización ciudadana denuncia un presunto esquema de pliegos diseñados a la medida que habrían permitido la concentración de contratos por más de $190.000 millones en un grupo muy reducido de empresas del sector.
El documento, suscrito por Pablo Bustos Sánchez, presidente de la organización, apunta directamente al director del Sena, Jorge Londoño, y a la secretaria general, Katerine Grimaldos Cárdenas, entre otros funcionarios. Según la denuncia, en regionales como Meta ($33.305 millones), Cundinamarca ($38.860 millones), Risaralda ($41.174 millones) y Sucre ($48.019 millones), solo se presentó un proponente en varios procesos, patrón que la veeduría califica como evidencia de adjudicación repetitiva y deliberada a los mismos oferentes: Detección Ltda., Seguridad Fénix de Colombia y Atalaya Seguridad Ltda.
El núcleo de la denuncia son los llamados «pliegos sastre», condiciones de participación tan específicas que prácticamente excluyen a cualquier competidor real. Entre los requisitos señalados como inusuales figuran títulos de posgrado en administración de la seguridad, acreditación como consultor ante la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, certificaciones ISO, formación como poligrafista o auditor en gestión antisoborno, y para el cargo de director de operaciones, ser oficial superior retirado de las Fuerzas Militares o la Policía con quince años de experiencia directiva. El mismo patrón se replicó en municipios como Tocancipá, Cajicá, Chía, Tenjo, Cota y Mosquera.
La veeduría advierte que este esquema no es exclusivo del Sena y señala que requisitos idénticos aparecen en licitaciones de la Alcaldía de Barrancabermeja, la Alcaldía de Cartagena y la Alcaldía de Chía, lo que sugiere una práctica sistemática que podría extenderse a otras entidades públicas. Como antecedente comparable, citaron el caso de la Universidad Nacional, que declaró desierto un contrato de vigilancia por $98.000 millones ante irregularidades similares.
La organización solicitó a los organismos de control investigar la responsabilidad disciplinaria y fiscal de los funcionarios involucrados y adoptar medidas estructurales que impidan la concentración de la contratación pública. Además, anunció que permanecerá atenta al desarrollo de las investigaciones y colaborará con información adicional que respalde la denuncia.
