La Gobernación del Valle del Cauca radicó una acción popular contra el Ministerio de Salud, el Ministerio de Hacienda, la ADRES y la Superintendencia Nacional de Salud para obligar al Gobierno Nacional a intervenir directamente en la crisis de salud que atraviesa el departamento. La demanda fue confirmada por la secretaria de Salud, María Cristina Lesmes, como respuesta a la declaratoria de emergencia humanitaria que la gobernadora Dilian Francisca Toro firmó en 40 de los 42 municipios del Valle. La acción tiene como base jurídica la circular 1.220-1101-128 que activa medidas extraordinarias en todo el departamento.
El sistema hospitalario del departamento opera al límite. Las urgencias y los servicios de alta complejidad registran una ocupación del 220,7 por ciento, y cerca de 2.000 servicios médicos han cerrado en la red pública y privada. Los pacientes enfrentan negaciones de atención, procedimientos suspendidos y falta de medicamentos tanto en clínicas privadas como en hospitales públicos.
La raíz del problema es financiera. Las EPS —la mayoría intervenidas por el Gobierno Nacional— adeudan cerca de 7 billones de pesos a los hospitales del Valle. Esa deuda ha obligado a las instituciones a recortar personal, suspender contratos y reducir servicios. Los trabajadores de la salud también acumulan meses sin pago oportuno.
El Ministerio de Salud se pronunció sobre la situación, pero la Gobernación rechazó sus declaraciones. Lesmes señaló que los mensajes del nivel nacional "profundizan la angustia de pacientes, familias y trabajadores" en lugar de ofrecer soluciones. La funcionaria advirtió que la crisis no distingue entre estratos: un niño con cáncer en Pance enfrenta las mismas barreras que uno en el oriente de Cali.
Mientras avanza la acción popular, el departamento opera en alerta amarilla. El Centro Regulador de Urgencias (CRUE) asumirá el control de los procesos de referencia y contrarreferencia con demoras, y la Gobernación garantizará citas prioritarias, medicamentos y oxígeno domiciliario en los 40 municipios de la emergencia. Las medidas buscan evitar el colapso total de la red hospitalaria en el corto plazo.
La advertencia lleva meses sobre la mesa. Desde abril, la gobernadora Toro señalaba que la deuda de las EPS —entonces en 6 billones de pesos— llevaría al cierre de instituciones. La declaratoria de emergencia y la acción popular son la respuesta jurídica a ese pronóstico cumplido. La Gobernación espera que las cuatro entidades demandadas respondan con medidas concretas para saldar la deuda con los hospitales del departamento.
