La Fiscalía General de la Nación abrió una indagación formal contra las hermanas Juliana y Verónica Guerrero por su presunta participación en una red de tráfico de influencias que apunta a corrupción en el Gobierno de Gustavo Petro. La investigación surgió de una publicación de la revista Semana que expuso audios, chats y comprobantes bancarios sobre el presunto cobro a empresarios a cambio de gestionar contratos estatales, y estalló a pocos días de que Petro entregue el poder a Abelardo de la Espriella, el próximo 7 de agosto.
El esquema documentado por Semana contemplaba un cobro inicial de un millón de pesos por una reunión con Juliana Guerrero, un anticipo de 200 millones de pesos para iniciar las gestiones y una comisión del 10 % sobre el valor total de los contratos adjudicados. El mecanismo habría operado desde el segundo semestre de 2024 en distintas entidades y departamentos del país.
Angie Rodríguez, directora del Fondo Adaptación y exdirectora del Dapre, fue la primera en denunciar públicamente el poder que ejercía Juliana Guerrero dentro del Ejecutivo, y aseguró que había alertado personalmente a Petro sobre la situación. El presidente respondió el lunes divulgando en X un documento oficial sobre la incapacidad médica de Rodríguez, calificándola de "paciente psiquiátrica" y pidiendo al ministro de Hacienda declararla insubsistente por "incompetente".
Rodríguez respondió este martes en entrevista con Canal 1 que atraviesa un tratamiento por ansiedad y depresión, pero insistió en que esa condición "no me hace una profesional con debilidad intelectual". Calificó la divulgación de su historia clínica como "una bajeza y un acto violento" y citó la Ley 1616 de salud mental para señalar que ningún funcionario puede ser discriminado por un diagnóstico médico.
Petro escaló el enfrentamiento al anunciar que emprenderá acciones penales contra Rodríguez, a quien acusó de un desempeño que calificó como "un desastre" al frente del Dapre y de haber actuado bajo el consejo de sectores que, según él, provienen del paramilitarismo. El mandatario tildó de "calumnioso" el ataque de su exfuncionaria y, sobre los empresarios que habrían pagado a las hermanas Guerrero, dijo que "dieron dineros como pendejos", deslindando a su Gobierno de responsabilidad institucional en el caso.
El episodio generó fisuras dentro del propio Pacto Histórico: Andrea Petro, hija del presidente, escribió que "nadie está por encima de la ley"; el exsenador Gustavo Bolívar admitió que el caso causa "mucho daño" al movimiento, e Iván Cepeda pidió que los hechos se investiguen "con independencia". La Asociación Colombiana de Psiquiatría, por su parte, rechazó el uso de información médica reservada para desacreditar a una denunciante.
Juliana Guerrero niega haber recibido dinero por gestiones ante el Estado y sostiene que no tiene vínculos con el Gobierno Nacional desde hace más de un año, aunque los registros de Función Pública muestran contratos y asesorías suyas en distintas dependencias oficiales desde octubre de 2022. Guerrero presentó además su renuncia irrevocable al cargo de delegada presidencial ante el Consejo Superior Universitario de la Universidad Popular del Cesar, el último que ocupaba en representación del Gobierno, y aseguró que atenderá personalmente cada citación de las autoridades. El presidente electo Abelardo de la Espriella pidió a sus futuros ministros del Interior y de la UNP garantizar la seguridad de Angie Rodríguez, mientras la Fiscalía continúa la indagación contra las hermanas Guerrero.
