La fiscal general Luz Adriana Camargo anunció el pasado 7 de abril la expedición de la Resolución 0079, que revoca la suspensión de 16 de las 23 órdenes de captura contra cabecillas de estructuras criminales del Valle de Aburrá. La medida corrige una decisión tomada el 31 de marzo mediante la Resolución 0072, que había suspendido por seis meses esas órdenes en el marco de la política de Paz Total del gobierno Petro. La revocatoria fue comunicada ese mismo día al Inpec y a la Oficina del Alto Comisionado para la Paz.
La razón principal de la rectificación fue que el Gobierno omitió en su solicitud información clave sobre la situación jurídica de los beneficiados. Según la propia Fiscalía, la Oficina del Consejero Comisionado de Paz no incluyó los alias de los implicados, lo que impidió identificar a tiempo que 16 de los 23 ya cumplían condenas en centros penitenciarios. Camargo precisó que suspender órdenes de captura de personas ya privadas de la libertad no tiene efecto jurídico práctico.
Las siete órdenes de captura restantes siguen suspendidas. Esos siete cabecillas se encuentran en libertad y son reconocidos por el Gobierno como voceros activos de la mesa de negociación. Entre ellos está alias El Montañero, señalado por el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, como uno de los más peligrosos, con una segunda orden de captura vigente por homicidio que no hace parte de la suspensión.
Federico Gutiérrez y el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, rechazaron tanto la decisión original como la rectificación parcial. Rendón interpuso una demanda de nulidad ante el Consejo de Estado contra la Resolución 0072, y advirtió que las zonas donde podrán circular los siete cabecillas en libertad coinciden con territorios clave para las elecciones presidenciales de mayo. El alcalde informó que contactó directamente al embajador de Estados Unidos por los vínculos de estos grupos con el narcotráfico internacional.
Los cabecillas recluidos en la cárcel de Itagüí respondieron al anuncio de la Fiscalía señalando que el proceso de paz urbana entraría en una fase de "desescalamiento del conflicto". El vocero de la mesa, Jorge Mejía, indicó que la etapa avanzada del proceso busca alcanzar un acuerdo condicionado de paz que recoge las dimensiones jurídicas y sociales pactadas con el Gobierno nacional. La declaración no fue acompañada de detalles sobre plazos ni condiciones concretas.
Entre los 16 cabecillas a quienes se les revocó la suspensión figuran alias Douglas, alias Tom, alias Carlos Pesebre y alias El Indio, todos con antecedentes por homicidio, extorsión y secuestro. Varios de ellos participaron el año pasado en el llamado "tarimazo" en La Alpujarra de Medellín, donde aparecieron junto al presidente Petro para anunciar avances en los diálogos. La Fiscalía también solicitó al presidente Petro retirar el estatus de vocero a alias Calarcá, jefe del Estado Mayor de Bloques y Frentes, para poder reactivar su orden de captura por delitos de lesa humanidad.
