La Representante a la Cámara Jennifer Pedraza reveló un nuevo bloque de irregularidades académicas asociadas a la Fundación de Educación Superior San José, institución que permanece bajo investigación pública desde que se conoció el caso de Juliana Guerrero, exaspirante al Viceministerio de las Juventudes. Según la congresista, tras varios meses de análisis de bases oficiales, fueron identificados 779 casos con inconsistencias en los registros académicos de servidores públicos que reportan títulos expedidos por esa institución.
De acuerdo con la información presentada, la investigación se centró en 1.276 servidores públicos que registran estudios en la Fundación San José en sus hojas de vida del Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (SIGEP) y que actualmente ocupan cargos en entidades nacionales, departamentales y municipales. Al cruzar estos datos con el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (SNIES), Pedraza identificó que 221 personas no figuran en absoluto en ese sistema, pese a reportar títulos ante Función Pública, sin registros de inscripción, matrícula, avance académico o grado.
Otros 558 casos presentan registros incompletos en el SNIES. Dentro de este grupo, 201 personas aparecen únicamente como inscritas o admitidas, sin constancia de matrícula ni graduación, mientras que 357 figuran con estado de “matrícula – no graduado”, a pesar de que en el SIGEP y otras bases oficiales constan títulos presuntamente expedidos. Según la congresista, estas inconsistencias impiden verificar la obtención regular de los grados académicos y comprometen la validez de los títulos reportados.
A estos hallazgos se suman 35 nuevos casos relacionados con el incumplimiento del requisito de presentar las pruebas Saber Pro o Saber TyT. La investigación señala que 18 personas se habrían graduado sin presentar los exámenes, nueve se inscribieron pero no asistieron y aun así obtuvieron títulos, y ocho presentaron las pruebas después de haberse graduado. Pedraza afirmó que estos patrones coinciden con el caso de Juliana Guerrero y desvirtúan la tesis de hechos aislados sostenida por las directivas de la institución.
La congresista también alertó sobre un incremento superior al 200 % en la vinculación de egresados de la Fundación San José durante el actual Gobierno. Según sus datos, 733 servidores públicos con estudios asociados a la institución fueron vinculados bajo la administración del presidente Gustavo Petro, una cifra que, a su juicio, refuerza la necesidad de una revisión exhaustiva de los procesos de inspección y vigilancia.
En ese contexto, Pedraza cuestionó directamente la actuación del Ministerio de Educación y del ministro Daniel Rojas, señalando que las investigaciones administrativas sobre la Fundación San José se iniciaron desde marzo de 2025 sin que se hayan adoptado decisiones de fondo. Por ello, solicitó a la Procuraduría General de la Nación abrir una indagación disciplinaria preliminar contra el ministro, la Dirección de Inspección y Vigilancia y las dependencias responsables, al considerar que podrían existir omisiones frente a hechos nuevos relacionados con la expedición irregular de títulos académicos.
