La política de vivienda volvió al centro del debate económico tras el cruce público entre el presidente Gustavo Petro y Camacol, el gremio de los constructores, por el impacto del salario mínimo en los precios de la vivienda en Colombia. El mandatario acusó a algunas constructoras de incurrir en una “estafa delictiva” al afirmar que los precios de los inmuebles se ajustarían en la misma proporción del aumento del salario mínimo, que desde el 1.º de enero de 2026 quedó en 1.750.905 tras un incremento del 23 %. Petro pidió a la Superintendencia de Industria y Comercio adelantar investigaciones y solicitó al Ministerio de Vivienda suspender giros de subsidios a las empresas que, según su criterio, trasladen automáticamente ese aumento a los compradores finales.
Horas después, Camacol respondió señalando que el Gobierno trasladó la discusión desde el terreno técnico hacia la descalificación y la amenaza. El gremio recordó que los topes de la vivienda de interés social (VIS) y de la vivienda de interés prioritario (VIP) están definidos en el Plan Nacional de Desarrollo y se encuentran indexados al salario mínimo decretado por el propio Ejecutivo. En ese marco, precisó que dichos valores corresponden a límites máximos y no implican aumentos automáticos de precios. Para 2026, el tope legal de la VIS se ubica en 150 salarios mínimos, equivalentes a 262,6 millones de pesos, mientras que el de la VIP es de 90 salarios mínimos, es decir, 157,5 millones de pesos, lo que amplía el techo permitido sin obligar a modificar los valores de venta.
El debate se produce en un contexto en el que el mercado de la vivienda ya muestra señales de restricción. Camacol sostiene que no existió una decisión gremial de aumentar precios y que el alza del salario mínimo tomó por sorpresa a buena parte de la economía. Desde el Gobierno, en contraste, persiste la preocupación de que ese nuevo techo legal sea utilizado como argumento para trasladar el incremento al comprador. Mientras tanto, la compra de vivienda enfrenta barreras crecientes: las tasas de interés para créditos hipotecarios se mantienen por encima del 11,5 % anual y la cuota inicial, cercana al 30 % del valor del inmueble, resulta inalcanzable para muchos hogares.
En paralelo, los datos del mercado reflejan un cambio estructural en la vivienda en Colombia. Según cifras del DANE, en 2025 el 40 % de los hogares vive en arriendo, frente al 34 % registrado en 2018. Camacol reporta que más de 24.000 familias desistieron de comprar vivienda en 2025 tras la cancelación del programa Mi Casa Ya, mientras que la oferta de vivienda nueva completa 19 meses consecutivos de caída. Este desequilibrio entre menor oferta y mayor formación de hogares ha trasladado la presión hacia el mercado de arrendamiento, donde el impacto es directo sobre el costo de vida.
El arriendo se consolidó como uno de los gastos con mayor peso en la inflación. En noviembre, la inflación anual fue de 5,3 %, y el rubro de alojamiento y servicios públicos aportó 1,65 puntos porcentuales a ese resultado. La vivienda representa el 21 % de la canasta del IPC y supera el 40 % del gasto en los hogares más pobres. Según la encuesta de El Libertador, empresa especializada en seguros de arrendamiento, predominan arrendatarios entre 25 y 45 años, de estratos 2 y 3, con empleo formal o ingresos independientes. El 64 % de estos hogares está conformado por entre una y tres personas, y los hogares unipersonales continúan en aumento, como ocurre en Cali, donde ya representan el 23 % del total, en un escenario que explica la duplicación de la demanda de apartaestudios durante 2025.
