La reciente operación militar en la que fueron abatidos cinco integrantes del Clan de Oriente reavivó la preocupación por el desvío de armas de Indumil hacia estructuras criminales en zonas de conflicto. El procedimiento ocurrió el jueves 4 de diciembre y se centró en esta banda que, según inteligencia, actúa como un brazo operativo del frente 36 de las disidencias de las Farc bajo órdenes de alias Calarcá. De acuerdo con las autoridades, esta alianza permite a los disidentes continuar sus actividades delictivas mediante una estrategia de outsourcing criminal mientras mantienen su participación en el proceso de paz con el Gobierno nacional.
Durante el levantamiento de los cuerpos y la inspección del material decomisado, los investigadores hallaron dos fusiles, dos escopetas, una pistola calibre 9 milímetros, un dron, explosivos, uniformes y documentos que permitirían establecer el rol de cada integrante de la estructura. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue una caja blanca marcada con el sello de Indumil que contenía 50 cartuchos calibre 9 milímetros. El empaque, recién abierto, indicaba que la munición había salido hace poco del depósito de la fábrica en Soacha, Cundinamarca, lo que generó interrogantes sobre cómo este material de uso privativo de la Fuerza Pública terminó en poder del Clan de Oriente.
El coronel retirado Miguel San Martín explicó que estas municiones son entregadas bajo estrictos protocolos de conteo y sellos de control a los armerillos de las guarniciones militares, por lo que su aparición en un campamento ilegal evidencia fallas de supervisión. Para el exoficial, el hallazgo vuelve a poner sobre la mesa dudas sobre la pérdida de control estatal, más aún en un contexto donde se denuncian presuntas complicidades entre estructuras ilegales vinculadas a alias Calarcá y sectores del Gobierno. Este episodio se suma a los llamados de atención recientes sobre la seguridad en la cadena de custodia del armamento oficial.
La Oficina de Transparencia de la Presidencia ya había advertido a comienzos de noviembre sobre inconsistencias graves en los inventarios de la Industria Militar Colombiana. Según su informe, más de 12.000 elementos —incluyendo municiones obsoletas, material duplicado, armas sin fundir y armamento dado de baja— estaban por fuera del control institucional. La entidad señaló que la mayoría de las anomalías se concentran en la fábrica Santa Bárbara de Indumil, en Sogamoso, Boyacá, donde fueron halladas pistolas que debían estar fundidas, alrededor de 4.000 cargadores con munición nueva y diez bombas de aviación de entre 113 y 227 kilogramos almacenadas en contenedores no registrados oficialmente.
Transparencia también reportó la existencia de más de 500 granadas de 40 milímetros, 46 granadas de mortero de 60 milímetros —según registros dadas de baja desde 2022— y más de 7.000 cuerpos de granadas sin trazabilidad. Debido a la gravedad de estos hallazgos, la Secretaría remitió el reporte a la Fiscalía para abrir una investigación sobre la salida no autorizada del material estratégico. Las autoridades advierten que parte de este armamento podría haber ingresado ya a redes criminales, lo que abre la puerta a nuevas pesquisas sobre posibles actos de corrupción y fallas en la supervisión estatal.
