Durante el Consejo de Ministros del 16 de marzo, el presidente Gustavo Petro ordenó a los Ministerios de Salud y Hacienda iniciar la liquidación de todas las EPS que se encuentren en quiebra. La decisión, anunciada sin hoja de ruta clara sobre cuáles entidades serían las primeras en entrar al proceso, desató una ola de incertidumbre entre los millones de colombianos que dependen de estas entidades para acceder a tratamientos, medicamentos y atención médica básica.
El detonante inmediato fue el revés judicial propinado por el Tribunal Administrativo de Antioquia, que suspendió el Decreto 182 de 2026, norma con la que el Gobierno buscaba reorganizar el aseguramiento en salud a nivel territorial y permitir el traslado de millones de afiliados entre EPS. Petro calificó el fallo como una «política de atranque» y cuestionó que un tribunal regional pudiera tumbar una norma de alcance nacional.
Las EPS actualmente intervenidas y que estarían en el centro de la orden son Coosalud con 3,2 millones de afiliados, Asmet Salud con 1,8 millones, Emssanar con 1,7 millones, Savia Salud con 1,6 millones y Servicio Occidental de Salud con 750.000, entre otras. En total, las ocho entidades intervenidas suman aproximadamente 23 millones de afiliados, cerca del 43% de la población colombiana. La orden no precisó un calendario ni un mecanismo concreto de transición para estos usuarios, lo que profundiza la preocupación sobre la continuidad de los servicios.
La Nueva EPS parece tener un tratamiento diferenciado: al ser el Estado propietario de la mitad de la compañía, Petro aclaró que el Gobierno asumirá las deudas acumuladas desde su fundación para evitar que caiga en causal de liquidación. Este punto contrasta con la postura general del mandatario, quien ha insistido en que el Estado no puede seguir financiando entidades privadas insolventes con recursos públicos.
El exministro de Hacienda José Manuel Restrepo rechazó el anuncio y advirtió que liquidar EPS sin una ruta clara de transición no es un camino serio y que pone en vilo la atención y la vida de millones de colombianos. Desde el sector salud, Sindisalud alertó que a los trabajadores de Asmet Salud ya se les adeuda el 50% del salario de enero y el 100% de febrero, evidenciando que la crisis financiera ya tiene efectos directos sobre quienes prestan los servicios.
Ante el fracaso de la reforma a la salud en el Congreso, Petro anunció que el Gobierno radicará nuevamente el proyecto el próximo 20 de julio, junto con una reforma tributaria. La liquidación de EPS en quiebra, según el Gobierno, es entonces la única alternativa disponible mientras el nuevo Congreso retoma funciones y se abre el debate legislativo en la próxima legislatura.
