Una investigación judicial reveló un presunto entramado en el que narcotraficantes condenados estarían obteniendo certificados falsos de pertenencia a comunidades indígenas para ser trasladados a resguardos y eludir la prisión ordinaria. La red habría infiltrado cabildos, juzgados y funcionarios del Ministerio del Interior en Antioquia, Huila, Cauca y Valle del Cauca, a cambio de altas sumas de dinero. Lo que nació como una protección constitucional para preservar la cosmovisión de los pueblos originarios terminó convertido, según los expedientes, en una puerta de escape para criminales con prontuarios de décadas.
El caso más documentado es el de Juan Carlos Vacca Castillo, alias Dimax, jefe de la organización criminal Los de Dimax, responsable de homicidios, extorsiones y tráfico de drogas en Cali y otros municipios del Valle del Cauca. Fue condenado a 500 meses de prisión —41 años— por homicidio agravado, concierto para delinquir, uso de menores en actividades delictivas y porte de armas. Cumplía su condena en la cárcel de Villahermosa en Cali cuando, en septiembre de 2024, solicitó traslado al resguardo indígena Kwe'sx Yu Kiwe, en Florida, Valle del Cauca. Un juzgado de Palmira avaló la petición el 2 de octubre, respaldado por un certificado del Ministerio del Interior que lo reconocía como miembro de esa comunidad nasa.
El problema es que los investigadores establecieron que Vacca Castillo no tiene antecedentes familiares ni raíces reales con ese resguardo, y los propios líderes indígenas de Kwe'sx Yu Kiwe confirmaron ante la Policía que el hombre nunca permaneció allí cumpliendo la pena: "aunque aparece censado, no pertenece realmente a la comunidad." Desde el resguardo, según el expediente, continuó dirigiendo su organización criminal sin restricción alguna. El Ministerio del Interior lo reubicó el 4 de abril de 2026 en otro resguardo en Nariño, de pueblo awá —culturalmente distinto al nasa—, y días después en un tercero en Santander de Quilichao, Cauca. Los investigadores señalan que el traslado reiterado entre comunidades de cosmovisiones distintas "desnaturaliza el fundamento constitucional del tratamiento diferencial indígena" y constituiría una actuación fraudulenta.
El caso de alias Dimax no es el único. Documentos reservados de la Policía identifican a otros cinco indiciados que presuntamente habrían accedido al mismo mecanismo: personas vinculadas a tráfico de estupefacientes, concierto para delinquir agravado y homicidio. Uno de los investigadores afirmó que la práctica se está extendiendo incluso a funcionarios públicos bajo investigación judicial: "Eso está ocurriendo con alcaldes del suroccidente; también hay casos en Antioquia y Huila. No solo alcaldes, también políticos y demás personas involucradas en hechos de corrupción."
La Constitución de 1991 permite que un indígena condenado por la justicia ordinaria cumpla su pena en el resguardo para preservar su cultura y cosmovisión. El requisito esencial es que exista arraigo real, permanencia territorial y reconocimiento comunitario genuino. En abril de este año, la Corte Suprema de Justicia ya había cerrado la puerta al uso de la jurisdicción especial indígena como escudo contra la extradición en casos de narcotráfico, advirtiendo un uso indebido de la figura. La nueva investigación amplía ese panorama: el problema no sería solo la extradición, sino la ejecución misma de las penas dentro del país, con criminales activos operando desde resguardos con la complicidad de instituciones del Estado.
