La crisis de las EPS intervenidas llegó este sábado a un punto de choque abierto entre el presidente Gustavo Petro y el contralor general Carlos Hernán Rodríguez. En una entrevista con Semana, el jefe del ente de control advirtió que las entidades bajo intervención forzosa de la Superintendencia Nacional de Salud están hoy en peores condiciones que antes de que el Gobierno las tomara, y que la falta de transparencia financiera en la Nueva EPS pone en riesgo la atención de más de 11 millones de afiliados. Su diagnóstico se resumió en una sola frase: "Estábamos mejor cuando estábamos peor."
Los números que respaldan la advertencia son contundentes. En el caso de la Nueva EPS, el patrimonio pasó de -$2,1 billones al inicio de la intervención a -$3,3 billones al cierre de 2025. En Savia Salud, el indicador de endeudamiento saltó de 4,41 a 11,73, muy por encima de cualquier rango aceptable. El contralor también documentó aumentos sostenidos en quejas y tutelas durante los períodos de intervención, y citó a la Superintendencia y a los agentes interventores para que justifiquen técnicamente el rumbo de las medidas.
Petro respondió horas después a través de sus redes sociales señalando que las entidades que el Gobierno no administra presentan peores indicadores de quejas por afiliado que las intervenidas, y puso a Colsanitas, propiedad de Keralty, como ejemplo concreto. "Las EPS no intervenidas están peor que las intervenidas", escribió, y preguntó qué pasa con el modelo de EPS como intermediarias financieras: "Nunca sirvió y no sirve ahora."
El mandatario aprovechó el cruce para retomar su ofensiva contra el Congreso, que hundió su reforma a la salud. Acusó a "la mayoría de los senadores de la comisión séptima" de haberse vendido, y afirmó que "los dineros de Keralty corrieron en campañas políticas y presuntamente en estrados judiciales". Nombró a congresistas específicos y los vinculó a lo que llamó un bloqueo sistemático a la transformación del sistema. El Gobierno también radicó esta semana una súplica ante los tribunales para tumbar una decisión judicial que frenó el traslado de pacientes a la Nueva EPS.
La Contraloría identificó deterioro crítico en Coosalud, Famisanar, Capresoca, Savia Salud, Asmet Salud, Emssanar y SOS, todas bajo intervención estatal. El Ministerio de Salud prorrogó esta semana por un mes más la intervención de Asmet Salud —que cubre 12 departamentos— porque persisten problemas financieros, jurídicos y operativos sin resolver. Petro descartó liquidar las EPS, argumentando que hacerlo liberaría a sus dueños de deudas billonarias con hospitales y clínicas, aunque La Silla Vacía documentó que él mismo ordenó liquidarlas en marzo pasado, revirtiendo una posición que había sostenido durante años.
