Cinco días después de que Abelardo De la Espriella les diera un mes a los grupos armados para someterse al Estado, el Clan del Golfo respondió con una carta firmada por su máximo jefe, Jobanis de Jesús Ávila Villadiego, alias Chiquito Malo, en el que la organización afirmó estar dispuesta a conversar con el nuevo Gobierno y, eventualmente, acogerse a un proceso de sometimiento a la justicia. "Estamos listos, señor presidente", escribió la cúpula del grupo que hoy es considerado el mayor aparato criminal de Colombia, con más de 25.000 hombres entre armados y redes de apoyo según reportes de inteligencia.
La carta no es una rendición incondicional. El Clan del Golfo planteó que la discusión no está en si se acogerá o no a la justicia, sino en las condiciones jurídicas y de seguridad que tendría un eventual sometimiento. Entre las exigencias del grupo figuran garantías para sus integrantes, seguridad jurídica, protección de las comunidades donde tiene presencia y mecanismos que impidan que otros grupos armados ocupen sus territorios durante una eventual negociación. También señalaron que el marco jurídico vigente sería insuficiente para una organización de sus dimensiones, y pidieron una ley específica que incluya verdad, reparación, garantías de no repetición y plazos definidos.
Como precedente, la carta evocó el proceso de Justicia y Paz del gobierno Uribe con las Autodefensas Unidas de Colombia, pero con un tono crítico: según el Clan del Golfo, dos décadas después de ese proceso muchos exparamilitares siguen sin poder abrir una cuenta bancaria, acceder a salud digna o ejercer derechos políticos. Con ese argumento, la organización buscó posicionarse como un actor que exige garantías reales y no meras promesas jurídicas. También invitó a los gobiernos de Estados Unidos, Reino Unido, España, Noruega, Suiza y Catar a acompañar un eventual proceso como observadores internacionales.
El designado ministro del Interior Rodrigo Lara, en entrevista con La Hora de la Verdad, cerró la puerta a cualquier interpretación de negociación política: "No hay diálogo con estas organizaciones. Solamente hay sometimiento de estos delincuentes conforme a lo que indica, básicamente, la ley; el presidente les dio un mes para que se sometan." Lara también calificó como uno de los principales errores del gobierno saliente haberle otorgado "un estatus de organización armada" al Clan del Golfo y a las disidencias de las FARC en el marco de la paz total.
El choque entre la carta del Clan del Golfo y la posición del gobierno entrante llega en medio de un escándalo activo. La revelación de audios en los que el Gobierno Nacional al parecer habría despedido oficiales, frenado pedidos de extradición y suspendido bombardeos contra el Clan del Golfo llevó a De la Espriella a ordenar acciones judiciales contra los presuntos implicados. El presidente electo instruyó al vicepresidente José Manuel Restrepo para que remita la información al Departamento de Justicia de Estados Unidos y evalúe si los hechos deben ponerse en conocimiento de organismos internacionales. La Procuraduría ya abrió una indagación disciplinaria contra el exministro Iván Velásquez y el excomisionado Danilo Rueda por presunto favorecimiento a la organización.
El mismo día, las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada enviaron una carta en la misma línea que el Clan del Golfo, expresando disposición al sometimiento con condiciones. La coincidencia en los tiempos no es casual: ambos grupos operan en corredores del norte del país y comparten zonas de influencia. Que sean precisamente los primeros en responder al ultimátum sugiere una lectura estratégica del escenario, no una entrega genuina — una distinción que De la Espriella ya anticipó al advertir que en su gobierno no habrá "concesiones inaceptables". Las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra perdieron esta mañana a su principal cabecilla, alias Malayo, capturado en Riohacha pocas horas después de que circulara su carta de disposición al diálogo.
