Una serie de audios que señalan a la primera dama, Verónica Alcocer, de presunto manejo irregular de dinero público, con base en declaraciones atribuidas a su expersona de confianza, Eva Ferrer Galcerán, y revelados el fin de semana por la revista Semana, sigue generando reacciones en el país. Este lunes, mientras el presidente saliente Gustavo Petro salió con vehemencia a defender a su expareja en redes sociales, Ferrer hizo justo lo contrario: anunció que no volverá a pronunciarse públicamente y delegó su vocería en un bufete de abogados. Antes de cerrar esa puerta, cuestionó el origen del material que ella misma protagoniza: "fueron grabados de forma ilegal y filtrados de manera indebida", afirmó en un comunicado conocido por El Tiempo.
En las grabaciones, la excolaboradora asegura que a la primera dama le dieron 2 millones de euros en campaña a través del empresario catalán Manel Grau, y describe el entorno cercano a Alcocer como "una banda de criminales". Ferrer también vincula a Alcocer con presunta influencia sobre Ecopetrol, la Dian y el Banco Agrario, y menciona al expresidente de la petrolera estatal, Ricardo Roa, al asegurar que se ganó el puesto "dándole una tarjeta a Verónica". Además, habla de dinero guardado en la Casa de Nariño, de pagos por cargos dentro de la Consejería para la Reconciliación y de recursos que, según su relato, habrían desaparecido "en cash".
Congresistas del Centro Democrático radicaron denuncias ante la Fiscalía General de la Nación para que se establezca el alcance de las afirmaciones de Ferrer, mientras Verónica Alcocer no se ha pronunciado públicamente sobre el contenido de los audios. No es la primera vez que la primera dama es señalada: en 2023, Nicolás Petro, hijo del presidente, la relacionó ante la Fiscalía con "coimas" y "contratos", y el fallecido general (r) Ricardo Díaz, exviceministro de Defensa, la vinculó con una negociación de aeronaves.
Ferrer, de origen catalán y nacionalizada colombiana en 2022, dirigió el proyecto de imagen personal de Alcocer desde 2021 y llegó al Gobierno como consejera presidencial para la Niñez en septiembre de ese año, antes de pasar a la Consejería para la Reconciliación en enero de 2023. Su relación con la primera dama se rompió en septiembre de 2023; en julio de 2025 fue postulada como asesora del Dapre, cargo del que renunció poco después de su nombramiento.
