El presidente Abelardo de la Espriella firmó este martes el Decreto 1368 del 8 de septiembre de 2026, que levanta la suspensión general que regía desde hace años sobre los permisos para portar armas de fuego en Colombia. La medida no crea una autorización libre para salir armado: restablece la vigencia de los permisos individuales que ya estaban activos, siempre que no tengan una suspensión, cancelación, revocatoria o vencimiento individual. La suspensión general, que había sido prorrogada hasta el 31 de diciembre de 2026, deja de aplicarse a partir del día siguiente a la publicación del decreto en el Diario Oficial.
La decisión cumple una promesa que De la Espriella hizo durante la campaña electoral y que defendió como una herramienta para que los ciudadanos se protejan frente a la acción de grupos criminales y armados. El mandatario atribuyó el 99,9 % de los delitos con arma de fuego a armas ilegales, es decir, sin permiso, y sostuvo en un video difundido en X que no hay derecho a que los delincuentes estén armados mientras la gente no puede defenderse.
El decreto distingue entre la tenencia y el porte de armas de fuego, y solo quienes tienen un permiso vigente de porte, expedido por la autoridad militar competente, pueden acogerse a la medida; quienes solo cuentan con permiso de tenencia quedan excluidos, según el artículo 6 de la norma. Tampoco aplica a armas decomisadas o sujetas a medidas judiciales, ni habilita portar un arma distinta a la registrada en el permiso. Los requisitos para obtener o mantener la autorización se mantienen intactos: tener al menos 25 años, contar con certificado médico y evaluación psicofísica, no registrar antecedentes que impidan el acceso al permiso y aprobar los conocimientos teóricos exigidos por el Decreto Ley 2535 de 1993.
La senadora del Pacto Histórico Esmeralda Hernández encabezó el rechazo de la oposición al anunciar que demandará el decreto ante la justicia, por considerarlo una medida peligrosa que puede escalar cualquier discusión cotidiana hacia la violencia armada. El representante Mauricio Toro, de la Alianza Verde, lo calificó como un error y afirmó que el porte legal ya había incrementado los homicidios en los últimos dos años. El senador Kevin Gómez se sumó al rechazo al sostener que ningún país ha reducido sus homicidios repartiendo armas entre la ciudadanía, mientras el expresidente Gustavo Petro resumió su postura en una sola palabra: "necropolítica".
El representante Jaime Arizabaleta, del Centro Democrático, celebró la firma del decreto y defendió el derecho a la legítima defensa de quienes cumplen la ley. El senador Óscar Villamizar, de la misma colectividad, señaló que la bancada uribista había pedido la medida y que el ciudadano de bien tiene derecho a protegerse. El exsenador de Cambio Radical Carlos Fernando Motoa consideró que el país vuelve así al régimen vigente en 2015 y que la medida evita abusos como el llamado porte especial.
El decreto conserva la facultad del Gobierno para imponer nuevas restricciones, generales o individuales, si las condiciones de seguridad nacional u orden público lo requieren. La Policía Nacional y las autoridades militares mantienen sus atribuciones para inspeccionar, verificar la vigencia de los permisos e incautar armas cuando detecten irregularidades. Con la entrada en vigor del Decreto 1368 de 2026 quedan derogados los decretos 2362 de 2018 y 1482 de 2025, que habían sostenido la suspensión general del porte de armas en el país.
