Juliana Guerrero, la joven que Gustavo Petro promovió como aspirante a viceministra de Juventudes, firmó este miércoles un preacuerdo con la Fiscalía General de la Nación y aceptó su responsabilidad por fraude procesal y falsificación ideológica en documento público, tras presentar títulos académicos falsos de la Fundación Universitaria San José. Según los términos de la negociación, expuestos ante un juez penal de conocimiento de Bogotá, Juliana Guerrero pagaría tres años de prisión, una multa de 100 salarios mínimos y una inhabilidad de dos años y medio para ejercer cargos públicos, aunque el acuerdo todavía debe ser revisado y avalado por el juez del caso.
La investigación estableció que Guerrero, oriunda de Valledupar, intentó homologar en Bogotá ocho semestres cursados en una institución del Cesar y que, a mediados de 2025, subió dos versiones de su hoja de vida al sistema del Departamento Administrativo de la Función Pública para aspirar al cargo de viceministra de las Juventudes en el entonces Ministerio de la Igualdad. En la segunda versión adjuntó dos títulos que nunca obtuvo de forma legítima: uno como tecnóloga en Gestión Contable y otro como profesional en Contaduría Pública.
La fiscal del caso, Jessica Montealegre, sostuvo durante la audiencia que Juliana Guerrero tenía pleno conocimiento de la falsedad de los diplomas, pues nunca asistió a clases, nunca presentó exámenes ni las pruebas del Icfes que exige ese tipo de titulación. Por la eficiencia procesal de la negociación, la Fiscalía degradó su grado de participación de autora a cómplice en el delito de fraude procesal.
Guerrero ratificó el acuerdo en una intervención virtual y reconoció que actuó impulsada por su deseo de asumir el cargo, al admitir ante el juez que actualizó de forma fraudulenta su hoja de vida en el sistema de la Función Pública para anexar los documentos irregulares. También pidió perdón al país, a su familia y a la comunidad de la Universidad San José, y aseguró que no pretende presentarse como víctima.
La senadora Jennifer Pedraza, quien investigó el caso durante más de un año, calificó la sanción pactada como insuficiente y cuestionó al expresidente Gustavo Petro por haber defendido a Guerrero en varias ocasiones y haberla mantenido en un cargo público pese a las dudas sobre sus títulos. El senador del Partido de la U, Antonio Correa, cercano al gobierno saliente, pidió no destruir a la joven, aunque admitió que "el poder es efímero, gaseoso, y cuando se ejerce sin límites, termina cobrando factura", mientras la excónsul María Antonia Pardo cuestionó el silencio de otros sectores de izquierda frente al caso.
Desde la oposición, la excongresista María Fernanda Cabal sostuvo que "nadie está por encima de la ley... ni siquiera las amigas de Petro", y el representante Daniel Briceño, del Centro Democrático, recordó un mensaje de octubre pasado en el que Petro defendía la autenticidad del título de Guerrero, para calificarlo ahora de cómplice del fraude. El propio expresidente, que respaldó públicamente a Guerrero durante su gobierno, no se ha pronunciado sobre la confesión.
El caso hace parte de un expediente más amplio en el que también está vinculado Luis Carlos Gutiérrez Martínez, exsecretario general de la Fundación Universitaria San José, quien firmó un preacuerdo similar y ya fue condenado a tres años de prisión por autorizar la expedición irregular de los títulos. Un procurador judicial, además, solicitó formalmente compulsar copias para abrir una investigación adicional contra Guerrero por un presunto delito de falsedad en documento público, separado del proceso que terminó este miércoles con el preacuerdo.
