El Gobierno de Gustavo Petro y la guerrilla del ELN han anunciado un acuerdo para poner fin al secuestro con fines económicos a partir del 30 de enero de 2024. Este compromiso se considera histórico, ya que la guerrilla renunciaría a su principal fuente de financiación. José Félix Lafaurie, negociador del Gobierno, destaca que el acuerdo es una consecuencia lógica de los avances en la mesa de diálogo, donde ya se había acordado el estricto cumplimiento del derecho internacional humanitario.
Durante la prórroga del cese al fuego bilateral, el ELN deberá liberar a todos los secuestrados a partir del 30 de enero, enfrentando así una prueba crucial. Lafaurie subraya que, desde esa fecha, no se permitirán más secuestros, y la guerrilla deberá proceder con las liberaciones. Advierte que el incumplimiento podría configurar el delito de perfidia, ya que el Gobierno firmó el acuerdo basándose en la buena fe de las negociaciones.
El mecanismo para verificar el cumplimiento implica utilizar información oficial de los secuestrados proporcionada por la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría y las Fuerzas Armadas. Lafaurie aclara que el cuarto punto del acuerdo, el cual habla sobre las condiciones económicas y financieras necesarias para la materialización del Acuerdo de México, no tiene relación con el secuestro ni con la financiación del ELN, sino con aspectos relacionados exclusivamente con la paz.
En la última semana de enero, las delegaciones se reunirán en La Habana, Cuba, para ajustar el acuerdo, la prórroga del cese al fuego bilateral y otros detalles antes del sexto ciclo de paz. Aunque no se descarta que la mesa se instale completamente en Colombia, este será un tema a discutir en 2024.
