El expresidente Álvaro Uribe Vélez oficializó su decisión de renunciar a la prescripción en el proceso penal que enfrenta por los delitos de fraude procesal y soborno a testigos. La medida se conoció este 25 de agosto, cuando su defensa radicó un documento ante el Tribunal Superior de Bogotá, apenas una semana después de que el exmandatario recuperara su libertad mientras se define la apelación en segunda instancia. Según lo manifestado, Uribe busca que la Sala de Decisión Penal emita un fallo de fondo, evitando que el caso se cierre automáticamente por vencimiento de términos el próximo 16 de octubre.
En el escrito, dirigido al magistrado Manuel Antonio Merchán, el exmandatario aseguró que entiende las implicaciones jurídicas de esta decisión, pero insistió en que no desea beneficiarse de la prescripción. “Aunque la ley me ofrece un camino corto y sencillo, no puedo aceptarlo. Aún con el peso de la condena y mi libertad en juego, no puedo declinar el camino de la verdad”, afirmó Uribe. Cabe recordar que en primera instancia fue sentenciado a 12 años de prisión domiciliaria, fallo que actualmente es objeto de apelación por parte de su defensa.
El expediente que revisará el Tribunal Superior de Bogotá consta de 1.114 páginas con el fallo condenatorio, que la defensa considera debe ser analizado de forma “serena, ponderada e integral”. El equipo jurídico de Uribe insiste en que, tras la evaluación de las pruebas, el tribunal debería revocar la decisión de la jueza penal del Circuito de Bogotá, Sandra Liliana Heredia, quien dictó la condena inicial. La expectativa ahora está en el pronunciamiento de los magistrados, que deberán decidir si confirman, modifican o revierten la sentencia.
La decisión de Uribe se produce 50 días antes de la fecha límite para la prescripción del proceso, que se cumpliría el próximo 16 de octubre, seis años después de que rindiera indagatoria ante la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia. Con esta renuncia, el tribunal tendrá hasta el 16 de octubre de 2027 para emitir un fallo definitivo, plazo que se suma al refuerzo reciente de tres magistrados asignados para agilizar el trámite en segunda instancia.
La medida generó reacciones entre las víctimas reconocidas en el proceso, cuyo abogado, Miguel Ángel del Río, calificó la renuncia como “puro teatro”. El jurista señaló que el expresidente tomó la decisión en un escenario en el que no existía un riesgo real de archivo, pues el proceso continuaría con o sin esa renuncia. Aun así, la determinación del exmandatario mantiene abierto uno de los juicios más relevantes de la historia judicial del país, en el que se examina la responsabilidad penal de un expresidente de Colombia.
