Un ataque con dron contra un helicóptero Black Hawk de la Policía Nacional en Amalfi, Antioquia, dejó 12 policías muertos y al menos cuatro heridos. El hecho ocurrió en la mañana del jueves cuando la aeronave, que cumplía labores de apoyo a la erradicación de cultivos ilícitos, fue impactada por un dron cargado con explosivos. El siniestro elevó a 78 el número de policías asesinados en lo que va de 2025.
Según el presidente Gustavo Petro, la acción fue perpetrada por el Frente 36 de las disidencias de alias Calarcá. En un mensaje publicado en X, el mandatario informó que en el helicóptero viajaban uniformados que tenían como misión acompañar operativos contra cultivos de coca en la región. Minutos antes, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, también señaló a alias Calarcá como responsable y cuestionó el manejo que el Ejecutivo le ha dado a los grupos ilegales en medio de los diálogos de paz.
Hasta horas de la tarde los cuerpos de los policías fallecidos no habían podido ser recuperados debido a nuevos hostigamientos con drones contra las tropas del Ejército y la Policía que se encontraban en la zona. Entre las víctimas confirmadas se encuentran un mayor y un teniente. El general Carlos Fernando Trina, director de la Policía Nacional, indicó que se están desplegando mayores capacidades en el área para proteger a las unidades que siguen en operaciones y contrarrestar las acciones de los grupos armados ilegales.
Las investigaciones señalan que detrás del ataque estaría Óscar Javier Cuadros Zea, alias Chejo, de 37 años, señalado cabecilla de la Estructura 36 de las disidencias. Este hombre recibe órdenes directas de alias Calarcá y lleva más de siete años vinculado a actividades criminales en el nordeste antioqueño. El Frente 36, que hace parte del Bloque Magdalena Medio, participa en la mesa de negociación con el Gobierno bajo la sombrilla del autodenominado Estado Mayor de los Bloques y Frentes.
El proceso de negociación con esa estructura comenzó en octubre de 2023 con la firma de un cese al fuego que se mantuvo hasta abril de este año, cuando fue suspendido por el Gobierno. Desde entonces, las conversaciones se encuentran en punto muerto, lo que ha generado un recrudecimiento de la violencia en zonas estratégicas para el narcotráfico. Las agencias de inteligencia advierten que estas acciones podrían hacer parte de una estrategia de presión de los grupos armados para obtener beneficios en el marco de los diálogos.
De acuerdo con el Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos, este es el cuarto caso en el que un helicóptero de la Fuerza Pública es derribado por acciones terroristas. El informe agrega que desde 2020 no se registraba un hecho de estas características, aunque en varias ocasiones helicópteros habían sido impactados por fuego de armas. El Ministerio de Defensa, por su parte, reportó que entre enero y julio de 2025 los asesinatos de uniformados aumentaron en un 136% respecto al mismo periodo de 2024, pasando de 39 a 92 casos, lo que refleja la complejidad del panorama de seguridad en distintas regiones del país.
