Desde el 9 de julio, el Consejo de Estado dejó de ser la autoridad encargada de conocer en primera instancia las tutelas contra el presidente Gustavo Petro. Así lo establece el decreto 0799 de 2025, firmado por el presidente y el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, con el cual se revierte una decisión vigente desde el gobierno de Juan Manuel Santos. La nueva normativa ordena que este tipo de acciones judiciales sean tramitadas por jueces del circuito o de igual categoría, incluyendo aquellas relacionadas con actuaciones presidenciales en materia de seguridad nacional y erradicación de cultivos ilícitos.
La decisión ha generado un amplio debate jurídico y político, pues ocurre en medio de un clima de tensión entre el Ejecutivo y el alto tribunal. El Consejo de Estado, que recientemente le ordenó al mandatario retractarse de afirmaciones contra la familia Vargas Lleras y prohibió la transmisión de consejos de ministros por canales privados, también falló a favor del Gobierno en casos clave como la tutela del exalcalde Enrique Peñalosa y la exhibición de la bandera del M-19. No obstante, con el nuevo decreto, perderá competencia sobre futuras acciones que se interpongan contra el jefe de Estado.
Expertos en derecho constitucional han advertido sobre las implicaciones de esta medida. El abogado Francisco Bernate señaló que, si bien el Presidente tiene facultad para expedir el decreto, asignar estas decisiones a jueces de circuito puede dejar a los funcionarios judiciales más vulnerables a presiones políticas. En una línea similar, el exministro de Justicia Wilson Ruiz afirmó que reemplazar al Consejo de Estado por jueces de menor jerarquía reduce la calidad del control jurídico, al eliminar la experiencia técnica y la unificación jurisprudencial del alto tribunal.
Actualmente, en el Consejo de Estado hay más de 100 tutelas en curso contra el presidente Petro. De acuerdo con fuentes de la corporación, estos procesos seguirán siendo tramitados bajo la jurisdicción del alto tribunal, incluida la acción que evalúa la legalidad del decreto con el que se convocaría una consulta popular. Solo las acciones interpuestas después del 9 de julio estarán sujetas a la nueva regla y deberán radicarse ante jueces con jurisdicción en el lugar donde se alegue la vulneración de derechos fundamentales.
El decreto también provocó inconformidad dentro del Consejo de Estado, pues varios magistrados lo interpretaron como un intento del Ejecutivo de evadir el control que venía ejerciendo esta instancia sobre las actuaciones presidenciales. A su vez, la senadora María Fernanda Cabal anunció una demanda contra el decreto del Ministerio de Justicia, la cual será conocida por la Sección correspondiente del Consejo de Estado, que mantendrá competencia para definir si la medida se ajusta a la Constitución.
