La Sala Plena de la Corte Constitucional ratificó el pasado 4 de septiembre la constitucionalidad de la Ley No Más Olé (Ley 2385 de 2024), norma que establece la prohibición de la tauromaquia y las peleas de gallos en todo el territorio nacional. La decisión del alto tribunal confirma la sanción realizada en mayo por el presidente Gustavo Petro, quien firmó la ley en un acto simbólico en la Plaza de Toros La Santamaría de Bogotá, tras su aprobación en la Cámara de Representantes con 93 votos a favor y solo dos en contra.
La norma había sido demandada por el representante a la Cámara Christian Munir Garcés, del partido Centro Democrático, quien argumentó que el articulado vulneraba tradiciones culturales y generaría afectaciones económicas. Sin embargo, la Corte concluyó que la prohibición no violaba el derecho a la diversidad cultural ni el libre desarrollo de la personalidad, y descartó los señalamientos sobre un supuesto impacto fiscal. En su decisión, el tribunal también amplió la prohibición a prácticas como rejoneo, novilladas, becerradas, tientas y corralejas, con lo cual Colombia deja de integrar la lista de países que aún permitían la tauromaquia, junto con España, Portugal, Francia, México, Perú, Ecuador y Venezuela.
La senadora Esmeralda Hernández, autora del proyecto, explicó que la implementación de la Ley No Más Olé se realizará de manera progresiva con un periodo de transición de tres años. Durante ese plazo, el Gobierno deberá identificar a las familias y comunidades que dependen económicamente de las actividades ahora prohibidas, para diseñar rutas de reconversión laboral. Se instalará además una mesa interinstitucional con participación de sectores vinculados a la tauromaquia y las peleas de gallos, con el fin de garantizar acompañamiento en el proceso de transformación cultural y económica.
De acuerdo con lo aprobado, durante la etapa de transición, las corridas y demás actividades solo podrán efectuarse bajo condiciones estrictas de bienestar animal, mientras el Ejecutivo adelanta campañas de pedagogía sobre prevención del maltrato, la crueldad y la violencia contra los animales. El Ministerio de las Culturas y el Ministerio de Ambiente serán los responsables de reglamentar las condiciones, mientras que el Ministerio de Trabajo deberá implementar programas de sustitución laboral que permitan a toreros, criadores y vendedores informales acceder a alternativas productivas en sectores como el agrícola, artístico y cultural.
La senadora Hernández anticipó que impulsará nuevas propuestas legislativas en materia de protección animal. Entre ellas, la prohibición de cabalgatas en el país, aunque reconoció que podría enfrentar resistencia en el Congreso. También anunció que en la última legislatura del actual cuatrienio presentará proyectos enfocados en combatir el tráfico ilegal de fauna silvestre y en prohibir expresamente la zoofilia, en línea con las políticas que buscan erradicar las prácticas de maltrato animal en Colombia.
