La Sala Plena de la Corte Constitucional iniciará este jueves la discusión sobre la demanda presentada por la senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia, que busca anular la totalidad de la Ley 2381 de 2024, también conocida como Ley de Reforma Pensional. La ponencia, a cargo del magistrado Jorge Enrique Ibáñez, evaluará si la aprobación de la norma incurrió en vicios de procedimiento, lo que podría poner en riesgo la entrada en vigor del nuevo sistema de pensiones previsto para el 1 de julio de 2024.
Uno de los principales argumentos de la senadora Valencia es que la Cámara de Representantes eludió el debate democrático al aprobar en su plenaria, el pasado 14 de junio de 2024, el texto enviado por el Senado sin realizar modificaciones. Este procedimiento, calificado como un “pupitrazo”, podría constituir un “vicio insubsanable” al vulnerar el artículo 157 de la Constitución, que exige un debate exhaustivo en ambas cámaras legislativas. Además, la Corte examina si el artículo 93 de la reforma, que establece un trato diferencial para pueblos indígenas, afrocolombianos y campesinos, viola el artículo 48 de la Constitución, que prohíbe los regímenes especiales de pensiones.
La discusión ha generado opiniones divididas. La Procuraduría General de la Nación, durante la gestión de Margarita Cabello, respaldó la demanda de Valencia y pidió anular la ley, argumentando que el procedimiento legislativo fue irregular al aprobarse el proyecto en bloque sin el debido debate. Por su parte, la Defensoría del Pueblo, liderada por Iris Marín, defendió la legalidad del proceso, asegurando que la votación en la Cámara se realizó conforme al reglamento y tras un debate de ocho horas, donde los representantes conocieron y analizaron cada artículo de la reforma.
La decisión de la Corte Constitucional será crucial para el futuro del sistema pensional en Colombia. Si el alto tribunal declara la inexequibilidad total o parcial de la ley, se frenaría la implementación del nuevo modelo de pilares promovido por el presidente Gustavo Petro, que busca afiliar a todos los colombianos al fondo público Colpensiones. La Corte tiene plazo hasta el 28 de mayo de 2024 para emitir su fallo definitivo.
