La Corte Constitucional de Colombia declaró inconstitucional parte del decreto que permitía la contratación directa con organizaciones sociales y Juntas de Acción Comunal (JAC) para la construcción de vías rurales. La decisión se centró en los artículos del decreto que autorizaban la entrega de contratos sin licitación pública, lo que fue considerado como una extralimitación de las facultades del presidente en materia de contratación. Este fallo generó un debate sobre la transparencia en el manejo de los recursos públicos y el riesgo de corrupción al permitir la adjudicación directa de contratos sin importar su cuantía.
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A pesar de este fallo, el Ministerio de Transporte, a través de la ministra María Constanza García, aclaró que la contratación con las JAC y otras organizaciones comunitarias sigue vigente bajo otras normativas. Esto significa que el programa «Caminos Comunitarios para la Paz», una de las iniciativas clave del gobierno para mejorar la malla vial rural, no se verá afectado. La ministra aseguró que este programa, que busca involucrar a las comunidades en el desarrollo de infraestructura, sigue en marcha y respetará las reglas vigentes en el Estatuto General de Contratación.
El presidente Gustavo Petro defendió este modelo de contratación directa, argumentando que promueve la participación ciudadana y la transparencia en la ejecución de los recursos públicos. Según Petro, permitir que las comunidades gestionen los contratos reduce la dependencia de grandes contratistas y combate las prácticas monopólicas que suelen afectar los proyectos de infraestructura. Además, destacó que este enfoque es parte de la visión de empoderar a las comunidades, tal como lo contempla la Constitución en cuanto a la democracia participativa.
A pesar de las críticas y los desafíos legales, el programa «Caminos Comunitarios para la Paz» ha logrado avances significativos, con la firma de más de 1.000 convenios en 2023 y un presupuesto de más de 469.000 millones de pesos para el mejoramiento de vías rurales en 2024. El gobierno planea seguir adelante con este programa, asegurando que las JAC y otras organizaciones continuarán siendo actores clave en la construcción de infraestructuras rurales, mientras se respetan los límites de cuantía y las normativas de contratación vigentes.
