La Corte Constitucional está considerando la posibilidad de declarar un Estado de Cosas Inconstitucional (ECI) debido a la grave crisis del sistema de salud en Colombia. La Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo solicitaron al alto tribunal esta medida extraordinaria, argumentando la vulneración masiva y sistemática del derecho fundamental a la salud. Según expertos en derecho médico, como el presidente del Colegio de Abogados Jesús Albrey González, la situación actual cumple con los criterios establecidos por la Corte para la declaratoria, incluyendo el incumplimiento de órdenes judiciales previas, como las relacionadas con la sentencia T-760 de 2008, que reconoció la salud como un derecho fundamental.
El déficit financiero, el desabastecimiento de medicamentos, el aumento de quejas de los pacientes y la falta de cumplimiento en la gestión de los recursos públicos son algunos de los factores que, según los expertos, justifican la declaratoria del ECI. María de los Ángeles Meza, exdirectora jurídica de la Superintendencia de Salud, subraya que nunca antes el sistema de salud había llegado a este nivel de deterioro. Además, menciona que las omisiones por parte de los funcionarios han permitido que la crisis se profundice, afectando directamente el derecho a la salud y la vida de los ciudadanos.
A pesar de estas opiniones, hay voces que discrepan. Alberto Bravo, expresidente de la Asociación de Industrias Farmacéuticas de Colombia (Asinfar), considera que no se cumplen los requisitos para la declaratoria del ECI, ya que no se ha demostrado una vulneración masiva y permanente. Según Bravo, las acciones legales, como las tutelas, han sido efectivas para proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos. Otros juristas sugieren que el seguimiento a la sentencia T-760 de 2008 sería suficiente para abordar la crisis sin necesidad de una declaratoria formal.
El gremio de las EPS del régimen contributivo, representado por Ana María Vesga, también respalda la declaratoria, calificándola como un «llamado de urgencia» para que el Gobierno tome medidas efectivas para restablecer el goce pleno del derecho a la salud. Vesga advierte que las quejas, reclamos y tutelas continúan en aumento, mientras que los hospitales enfrentan un deterioro financiero crítico, agravado por el cierre de servicios y el incumplimiento en los giros presupuestales.
Desde una perspectiva histórica, el ECI es un mecanismo desarrollado por la jurisprudencia de la Corte Constitucional desde 1997 para abordar crisis estructurales en las que se evidencian fallas graves en la protección de derechos fundamentales. En el pasado, la Corte ha utilizado esta herramienta en situaciones como el hacinamiento carcelario, la crisis de desplazamiento forzado, y la alta mortalidad infantil en comunidades indígenas. El caso más reciente fue en diciembre de 2023, cuando se declaró un ECI por la violencia contra líderes sociales.
Los juristas recuerdan que solo un ECI ha sido superado en la historia del país: la crisis en el régimen pensional declarada en 2013 y resuelta en 2015, tras reducir significativamente el número de peticiones pensionales atrasadas. Sin embargo, recalcan que la declaratoria de un ECI no debe entenderse como una derrota para el Gobierno de turno, sino como una herramienta para coordinar acciones entre diferentes ramas del Estado en busca de soluciones estructurales.
