El representante electo Daniel Briceño reveló dos facturas que suman $4.225.056 en bebidas alcohólicas, jamones, salchichas y pulpo a la parrilla, que habrían sido registradas como gastos de producción dentro de un contrato de prestación de servicios suscrito con una persona natural en el Sistema de Medios Públicos RTVC. La denuncia, publicada por Briceño en su cuenta de X, expone presuntas irregularidades en RTVC donde recursos del Estado habrían cubierto consumos de whisky, aguardiente y vino en un restaurante al norte de Bogotá.
Según el congresista, los gastos se tramitaron a través de un contrato por $30 millones suscrito con la contratista Diana Isabel Betancourt Argüelles, cuyo objeto era «desarrollar actividades de producción general para las necesidades de RTVC» y que estuvo vigente entre octubre y diciembre de 2025. Entre los documentos revelados figura una comunicación dirigida a Ana María Montaña, directora del Canal Señal Colombia, en la que se legalizan gastos de producción conexos al contrato por un valor de $13.900.000. El mecanismo habría consistido en camuflar consumos personales bajo un rubro operativo para darles apariencia de gasto institucional legítimo.
Desde RTVC, su gerente Hollman Morris respondió que las facturas corresponden a una cena ofrecida a una delegación cultural de Venezuela en el marco de un evento binacional realizado en noviembre, y negó cualquier irregularidad administrativa. Morris sostuvo que se trata de gastos de representación institucional habituales en encuentros con delegaciones extranjeras, y calificó la denuncia como parte de una campaña sistemática de desprestigio contra la entidad. El gerente recordó que en enero adoptó acciones judiciales y disciplinarias contra Briceño, a quien acusó de buscar desprestigiar, afectar la credibilidad y reputación de la entidad con cerca de 100 publicaciones vinculándola con conductas criminales.
Briceño, por su parte, también señaló que RTVC pagó $455 millones a una empresa de la esposa del exministro de Justicia Eduardo Montealegre para iniciar acciones legales en su contra, «financiando su persecución institucional con impuestos de los colombianos». El patrón que emerge apunta a una entidad pública donde los contratos de prestación de servicios habrían operado como mecanismo recurrente para legalizar gastos que no corresponden al objeto misional del medio.
Briceño, quien tomará posesión como representante a la Cámara en el nuevo Congreso que inicia funciones este mes, anticipó que continuará con sus denuncias y advirtió que lo revelado hasta ahora es apenas la punta del iceberg. Morris, por su parte, sostuvo que las publicaciones del congresista se han presentado en redes sociales sin que se haya radicado una denuncia formal ante organismos de control como la Procuraduría General de la Nación, dejando el debate entre una denuncia que crece en evidencias documentales y una defensa institucional que hasta ahora solo ha respondido con argumentos de representación diplomática y señalamientos políticos.
