El Icetex, entidad clave para el acceso a la educación superior en Colombia, atraviesa una crisis financiera que podría impedir la entrega de más de 60.000 créditos educativos para el año 2025. A solo días de finalizar noviembre, el déficit presupuestal es crítico: de los 1,5 billones de pesos necesarios, solo están disponibles 500.000 millones. Esta situación no solo pone en peligro a los más de 60.000 nuevos beneficiarios del Programa Créditos de Protección Constitucional, sino también a los 184.000 estudiantes que ya dependen de esta ayuda para continuar sus estudios.
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El origen del problema se encuentra en la falta de coordinación entre el Ministerio de Educación y el Ministerio de Hacienda. Mientras Educación sostiene que Hacienda no ha girado los recursos necesarios, esta última argumenta que el trámite depende de la correcta solicitud de los fondos por parte de Educación. Esta falta de consenso entre las entidades gubernamentales ha llevado a la incertidumbre sobre el futuro del Icetex y su capacidad para garantizar los Créditos de Protección Constitucional, los cuales representan la mayor parte de su operación.
Esta línea de créditos va dirigida a comunidades indígenas, afrodescendientes, personas en vulnerabilidad y en condiciones de discapacidad. Los Créditos de Protección Constitucional ofrecen beneficios como subsidios en tasas de interés, auxilio de sostenimiento y condonación parcial de la deuda al finalizar los estudios. Sin embargo, la falta de recursos amenaza con desproteger a estos grupos vulnerables, rompiendo el principio de igualdad de oportunidades que debe garantizar el Estado.
En caso de no poder ofrecer los más de 60.000 cupos previstos para el próximo año, estos estudiantes serian cobijados con la Matricula Cero, programa impulsado por el Gobierno con el cual pretende beneficiar a casi un millón de estudiantes en universidades públicas. Sin embargo, varios expertos afirman que esta seria una estrategia que vulnera el derecho de los individuos a escoger la institución en la cual desea realizar sus estudios, menospreciando las razones por las que el estudiante desee cursar su pregrado en una universidad privada, como por ejemplo, la falta de oferta del programa deseado en universidades públicas.