Tres años después de destaparse el escándalo de Centros Poblados, relacionado con un contrato de conectividad que terminó en la pérdida de 70.000 millones de pesos, Emilio Tapia, figura central en este caso de corrupción, firmó un preacuerdo con la Fiscalía General de la Nación. Este acuerdo incluye una condena de seis años de prisión, de los cuales Tapia ya ha cumplido tres, y el compromiso de devolver parte del dinero perdido. Además, deberá pagar una multa de 4.714 millones de pesos al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC), que se declaró víctima en el proceso.
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El preacuerdo también obliga a Tapia a colaborar con la justicia como testigo en la investigación de los hechos relacionados con el contrato 1043 de 2020, celebrado entre el MinTIC y la Unión Temporal Centros Poblados. Su testimonio podría aportar detalles cruciales sobre la participación de funcionarios públicos y otros implicados en este entramado de corrupción. Hasta ahora, Tapia ya ha revelado información sobre la exministra Karen Abudinen, aunque esta no ha sido llamada a declarar. También se comprometió a ofrecer disculpas públicas a través de un medio nacional como acto simbólico hacia las víctimas.
Con este paso, la justicia busca avanzar en el esclarecimiento de uno de los mayores escándalos de corrupción del gobierno de Iván Duque. Tapia aseguró el pago de su deuda mediante bienes inmuebles y se comprometió a no reincidir en delitos similares. El preacuerdo, que aún requiere la aprobación de un juez, marca un nuevo capítulo en este caso que evidenció las fallas del sistema de contratación pública en Colombia y su impacto en recursos destinados a proyectos críticos como la conectividad.
