Un proyecto de vivienda de interés social en Barrancas, La Guajira, destinado a beneficiar a 200 familias, enfrenta un grave retraso tras siete meses de abandono. Aunque el contratista ya ha recibido 16.000 millones de pesos, la obra muestra apenas una casa terminada y un avance físico del 23%, según el último reporte. El contrato fue firmado en mayo de 2023 entre el entonces alcalde Iván Mauricio Soto Balán y el Consorcio Nuevas Casas 2023, compuesto por Summa Caribe S.A.S., EBM Construcciones e Interventorías S.A.S. y Gama Construcciones. La entrega final estaba programada para noviembre de 2024, pero las labores se detuvieron en agosto del año pasado, dejando a las familias beneficiarias en incertidumbre.
El proyecto comenzó con un anticipo de 10.181 millones de pesos, al que se sumaron 6.797 millones adicionales en diciembre de 2023, a pesar de que la obra ya estaba paralizada. La veeduría ciudadana de Barrancas ha denunciado posibles irregularidades en la ejecución del contrato, incluyendo la contratación de mano de obra no calificada, malas prácticas constructivas y falta de supervisión técnica. Entre los problemas detectados se encuentran grietas y deformaciones en las estructuras, instalaciones eléctricas e hidráulicas defectuosas, y un deterioro acelerado de los materiales empleados.
Además de los fallos técnicos, el proyecto enfrenta un litigio legal debido a reclamaciones de propiedad presentadas por familias de la comunidad wayúu, quienes aseguran tener documentos de titularidad del terreno desde 1969. Este conflicto de propiedad, sumado a la demora en la obtención de escrituras y certificados de registro, ha generado un limbo jurídico que pone en riesgo la continuidad del proyecto. La veeduría también cuestiona la transparencia del proceso de selección de beneficiarios, ya que no se ha informado públicamente sobre los criterios de asignación de las viviendas.
Uno de los hechos más polémicos ocurrió el 28 de diciembre de 2023, cuando el entonces alcalde Soto Balán realizó un evento simbólico de entrega de llaves, acompañado de Vicente Berardinelli, su sucesor en la Alcaldía. La veeduría calificó este acto como una burla, dado que la obra estaba lejos de completarse y las viviendas aún no contaban con los servicios públicos necesarios. Las imágenes de la ceremonia muestran a ambos políticos cortando una cinta azul, similar al color del partido al que pertenecen, lo que ha generado críticas sobre el uso del evento con fines proselitistas.
El proyecto también ha levantado sospechas debido a los vínculos familiares y políticos de los involucrados. El exalcalde Soto Balán es sobrino de una exrepresentante a la Cámara investigada por delitos electorales y primo de un actual congresista por La Guajira. Además, el representante legal inicial del consorcio, Willer Jamit Cuello Romero, es conocido en la región como músico, sin experiencia previa en construcción, y mantiene vínculos de amistad con la familia Soto Balán. La veeduría teme que estos lazos puedan haber influido en la adjudicación del contrato y en el manejo de los recursos.
Actualmente, las 200 familias beneficiarias siguen esperando la reactivación de las obras, mientras el lote destinado al proyecto permanece invadido por la maleza. La comunidad ha solicitado la intervención de los órganos de control para investigar el uso de los fondos y garantizar la finalización de las viviendas. Sin embargo, los intentos de contactar al actual alcalde Vicente Berardinelli y a los representantes del consorcio no han tenido respuesta, dejando en el aire el futuro de este proyecto de vivienda en La Guajira.
