La decisión del gobierno de Estados Unidos de suspender temporalmente su asistencia a las Fuerzas Militares y la Policía Nacional de Colombia ha generado preocupación en el país. El ministro de Defensa, Iván Velásquez, y la cúpula militar se reunieron el 28 de enero para analizar el impacto de esta medida, que afecta directamente la lucha contra el narcotráfico y los grupos armados ilegales. Según un documento de la embajada estadounidense, la administración de Donald Trump decidió revisar el uso de los fondos asignados a Colombia, con el objetivo de garantizar su eficiencia y transparencia.
Uno de los sectores más afectados es la Policía Nacional, que colabora con la DEA y la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL). La primera medida de congelamiento dejó en tierra los 22 helicópteros Black Hawk donados por Estados Unidos, impidiendo su mantenimiento y uso en operaciones contra el narcotráfico. “Debido a esta decisión, todas las aeronaves permanecerán en sus bases, lo que impactará la seguridad en varias regiones del país”, afirmó un uniformado de la Policía. Además, la suspensión de recursos afecta los programas de erradicación de cultivos ilícitos, que dependen en gran parte del financiamiento estadounidense.
En cuanto al Ejército Nacional, la suspensión de asistencia limitará la presencia de asesores estadounidenses en bases militares, lo que afectará operaciones de inteligencia. No obstante, el mantenimiento de los 52 helicópteros Black Hawk de la fuerza aérea del Ejército continuará, ya que los trabajos son realizados por técnicos colombianos en la base de Tolemaida. “Nos impacta porque restringe el desarrollo de nuevas capacidades, pero no detiene la operatividad de las aeronaves”, explicó un alto oficial. Sin embargo, la suspensión de nuevos contratos y la compra de repuestos podría generar problemas en los próximos meses si la revisión de la cooperación se extiende.
Las restricciones también afectarán a la Armada Nacional, especialmente en sus operaciones de interdicción contra el narcotráfico y en los programas de desminado humanitario. Según el analista militar Erick Saumeth, la medida impone sanciones a los programas de Asuntos Antinarcóticos (IHL) y Seguridad Nacional (H6), lo que podría congelar hasta 490 millones de dólares en financiamiento. Además, se estima que unos 168 millones de dólares destinados a seguridad y 16 millones para desminado humanitario también podrían quedar bloqueados. Esto pone en riesgo la efectividad de las operaciones marítimas y terrestres contra el crimen organizado en Colombia.
