La Fiscalía General de la Nación embargó dos lujosas oficinas en el norte de Bogotá avaluadas en más de 41.000 millones de pesos, pertenecientes a la multinacional petrolera francesa Perenco. El procedimiento, realizado por agentes del CTI el pasado 8 de julio, marca un precedente en los procesos judiciales relacionados con empresas extranjeras señaladas de haber financiado a grupos armados ilegales durante el conflicto colombiano. Las propiedades embargadas pasarán ahora al Fondo para la Reparación de las Víctimas, en una acción que expone los nexos entre el sector privado y estructuras paramilitares como el Bloque Centauros y las Autodefensas Campesinas del Casanare.
Aunque el comunicado oficial de la Fiscalía omitió el nombre de la compañía, documentos judiciales anteriores permitieron identificarla como Perenco. En particular, una resolución de septiembre de 2024 vinculó a dos exfuncionarios de la petrolera —Antenor Sarmiento Delgado y Ramiro Pinzón Suárez— con el delito de concierto para delinquir agravado. Ambos fueron llamados a juicio por presuntamente facilitar apoyo logístico, financiero y material a estructuras armadas ilegales en Casanare, zona clave en las operaciones extractivas de la compañía. Fuentes del ente acusador confirmaron que los inmuebles embargados corresponden a sedes administrativas de Perenco.
Perenco, fundada en 1975 y con presencia en 14 países, opera con una producción diaria que supera los 500.000 barriles de petróleo. En Colombia, su presencia fue significativa entre finales de los noventa y comienzos de los 2000 en el departamento de Casanare, región golpeada por el conflicto armado. Declaraciones entregadas en Justicia y Paz por exjefes paramilitares como Daniel Rendón Herrera, alias Don Mario, señalan que la empresa habría realizado pagos mensuales de hasta 20 millones de pesos a cambio de seguridad para sus operaciones, así como otros apoyos logísticos. Según la Fiscalía, estas actividades se habrían mantenido durante varios años.
Los expedientes judiciales incluyen testimonios que mencionan reuniones clandestinas, aportes económicos regulares y suministro de recursos como combustible y alimentos para los grupos armados. El Frente Héroes de San Fernando y otras estructuras de las AUC habrían facilitado el control territorial y coordinado desplazamientos forzados para favorecer las actividades extractivas de la compañía. Las evidencias provienen de declaraciones de excombatientes y documentos corporativos incautados, así como de reportes financieros analizados por unidades especializadas del ente investigador.
La Dirección de Justicia Transicional lideró el proceso judicial que culminó con el embargo, tras más de una década de indagaciones. Uno de los elementos clave fue el trabajo de inteligencia financiera articulado con la Red de Recuperación de Activos del Gafilat, un organismo internacional que facilita el rastreo de bienes e instrumentos derivados de actividades ilícitas. Este caso, según fuentes de la Fiscalía, podría derivar en más acciones contra otros activos de Perenco en el país, dependiendo de los avances judiciales y de la cooperación internacional en curso.
