El Ministerio de Hacienda abrió un nuevo ciclo de deuda pública para garantizar la financiación del Presupuesto General de la Nación de 2026, en un contexto marcado por un recaudo tributario inferior a las metas oficiales y por un entorno de tasas de interés elevadas. La decisión quedó formalizada en el Decreto 1478 del 30 de diciembre de 2025, que autoriza un cupo de endeudamiento por 152 billones de pesos mediante la emisión de Títulos de Tesorería (TES) Clase B, el principal instrumento de deuda interna del Estado colombiano. Estos títulos son adquiridos por bancos, fondos de inversión, aseguradoras y otros inversionistas institucionales, y su pago —capital e intereses— se extiende a vigencias fiscales futuras, lo que compromete recursos de los próximos años.
El origen de la medida está en las cifras del recaudo. A noviembre de 2025, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales reportó ingresos tributarios acumulados por 277,09 billones, un crecimiento anual del 11 %, pero aún insuficiente para cumplir la meta de 305,5 billones fijada para el cierre del año. Esto dejó un faltante superior a 28 billones que debía concentrarse en diciembre, un umbral que no tiene precedentes recientes. En 2024, el recaudo de ese mes fue de 17,41 billones; en 2023 alcanzó 15,76 billones; y en años anteriores los registros fueron incluso menores. Esta brecha se suma a un descalce adicional de 16 billones en el presupuesto de 2026, derivado del hundimiento de la reforma tributaria en el Congreso.
El cupo de endeudamiento autorizado se divide en dos componentes con finalidades distintas. Un primer bloque de 85,25 billones está destinado a financiar directamente el presupuesto aprobado para 2026, cubriendo gastos estructurales como funcionamiento del Estado, salud y educación cuando los ingresos corrientes no son suficientes. El segundo bloque, por 67 billones, corresponde a operaciones temporales de tesorería, diseñadas para atender faltantes transitorios de liquidez durante el año. Estos títulos de corto plazo tienen vencimientos superiores a 30 días e inferiores a un año y pueden ser renovados, aunque también generan costos financieros asociados al nivel de las tasas de interés vigentes.
La autorización llega en un momento de mayor presión sobre el mercado de deuda. Durante 2025, el Gobierno incrementó de manera significativa la emisión de TES, alcanzando volúmenes comparables a los observados en la pandemia. En diciembre, el Ministerio de Hacienda informó la venta de 23 billones en TES a un inversionista extranjero, con vencimientos entre 2029 y 2040 y tasas cercanas al 13,15 %. A esto se sumó una subasta de TES de corto plazo por 380.000 millones, con una tasa del 10,5 % y vencimiento en diciembre de 2026. El decreto establece que los títulos destinados a financiar el presupuesto se atenderán con recursos de vigencias futuras, lo que incrementa la exposición fiscal a movimientos en tasas de interés y refuerza la dependencia del cumplimiento de las metas de recaudo en los próximos años.
