El Gobierno de Gustavo Petro avanza en la implementación de un decreto para la formalización docente en las universidades públicas del país. La iniciativa busca mejorar las condiciones laborales de los profesores con contratos de cátedra y ocasionales, quienes actualmente trabajan bajo esquemas temporales y sin estabilidad laboral. Según el ministro de Educación, Daniel Rojas, este decreto responde a la necesidad de dignificar la labor docente y garantizar la calidad educativa en las instituciones de educación superior.
“Tenemos claro que no podemos hablar de calidad en la universidad pública si no hay dignidad para los docentes. Por eso vamos a emitir dos decretos que no pasarán por el Congreso. El primero será el de la formalización docente, para aquellos que están en la base salarial y con contratos injustos”, afirmó Rojas. Sin embargo, la propuesta ha generado preocupaciones, ya que muchas universidades atraviesan una grave crisis financiera y no cuentan con los recursos necesarios para asumir esta carga.
El borrador del decreto establece que universidades, institutos técnicos y tecnológicos deberán presentar un plan de formalización, basado en un estudio de sus necesidades de personal. Este proceso se realizará de manera gradual y con equidad entre docentes y administrativos. Además, se indica que los recursos para financiar esta medida provendrán de los ingresos recurrentes de las universidades, incluidos aportes estatales y recursos propios. Sin embargo, varios rectores han manifestado que estos fondos no son suficientes y que, sin un respaldo presupuestal adicional, la medida podría agravar la crisis financiera de las instituciones.
Según el documento preliminar, las universidades tendrán 12 meses para elaborar su plan de formalización y posteriormente deberán cumplir con metas de avance. Para el 31 de diciembre de 2026, el 40% de la formalización debería estar implementada, mientras que el 80% tendría que completarse antes del 31 de diciembre de 2027. No obstante, académicos y líderes universitarios advierten que sin una fuente de financiamiento clara, estas fechas podrían ser inviables.
Desde el sector educativo, han surgido críticas sobre el impacto del decreto. La Universidad Nacional advirtió que imponer esta regulación sin un aumento presupuestal podría comprometer la autonomía universitaria y afectar el equilibrio financiero de las instituciones. “La ampliación de la planta docente es necesaria, pero debe estar respaldada por incrementos en la base presupuestal”, afirmó la representante Jennifer Pedraza, exlíder estudiantil y defensora de la educación pública.
Pese a las preocupaciones, el viceministro de Educación Superior, Ricardo Moreno, sostiene que los recursos existen y que se han destinado fondos adicionales desde 2018 para fortalecer la educación superior. No obstante, reconoce que es necesario aumentar el presupuesto. Mientras tanto, el debate continúa y se espera que el Gobierno anuncie el decreto definitivo en los próximos días, en medio de la incertidumbre sobre su viabilidad financiera.
