La guerra en el Catatumbo ha entrado en una fase aún más cruel para los campesinos que intentaron regresar a sus tierras tras los combates entre el ELN y las disidencias de las FARC. Muchos de ellos, tras huir de la violencia, han encontrado sus fincas ocupadas por guerrilleros y sus cultivos destruidos. En algunos casos, los combatientes del ELN no solo han saqueado sus pertenencias, sino que han colocado minas antipersona en las parcelas para evitar el regreso de las familias que consideran afines a sus enemigos. Ante este panorama, cientos de personas han optado por desplazarse nuevamente, temiendo por sus vidas.
Los líderes comunitarios han denunciado que el ELN ha impuesto un sistema de control absoluto en la región. Los milicianos han infiltrado los refugios de desplazados en Cúcuta para recopilar información sobre quiénes han huido del Catatumbo y evaluar si pueden regresar o serán considerados objetivos militares. “Si alguien tiene fotos con un arma o aparece en archivos de inteligencia de la guerrilla rival, es sentenciado al destierro o la muerte”, denunció un líder social. A esto se suma la imposición de normas en las comunidades, como la prohibición de usar celulares y la obligación de someterse a un «período de prueba» antes de ser aceptados nuevamente en sus propias tierras.
La situación de seguridad es crítica, y los enfrentamientos han llevado a la militarización de la zona. En el municipio de Tibú, epicentro de la violencia, el Ejército ha detectado más de 2.600 artefactos explosivos improvisados en carreteras y caminos rurales. “Estos explosivos no discriminan, pueden herir o matar a soldados, guerrilleros, niños o campesinos. Se han encontrado minas antipersona diseñadas para mutilar y artefactos explosivos sin patrón de armado fijo”, explicó el capitán Julián David Benítez, experto en desminado del Ejército. Esta estrategia del ELN busca frenar el avance de las fuerzas militares y eliminar cualquier rastro de la presencia de las disidencias en el territorio.
Las cifras de víctimas son alarmantes. Aunque se estima que más de 80 personas han muerto en esta guerra territorial, solo 52 cuerpos han sido reportados oficialmente por el Instituto Nacional de Medicina Legal. Entre ellos, se encuentran cinco excombatientes de las FARC-EP, dos líderes sociales, 41 civiles y cuatro menores de edad que habrían sido reclutados por los grupos armados. Además, la Gobernación de Norte de Santander ha registrado más de 52.630 desplazados desde el inicio de los enfrentamientos, lo que ha colapsado la capacidad de atención de los refugios en Cúcuta y otras zonas cercanas.
El impacto humanitario y económico de la guerra es devastador. Los colegios siguen cerrados, el personal médico ha recibido amenazas, los comercios operan bajo el miedo y la producción agrícola ha colapsado. La situación es tan crítica que incluso los animales han comenzado a morir de hambre en las fincas abandonadas. Mientras tanto, las Fuerzas Militares continúan su ofensiva para recuperar el control del Catatumbo, respaldadas por la declaratoria de conmoción interior emitida por el presidente Gustavo Petro, en un intento de frenar la crisis antes de que la región caiga por completo en manos de los grupos armados.
