El presidente Gustavo Petro arremetió contra el Ejército de Liberación Nacional (ELN), acusándolo de convertirse en una “fuerza mercenaria” financiada por el narcotráfico y de haber roto unilateralmente las negociaciones de paz con el Gobierno. A través de su cuenta en X, el mandatario denunció que la insurgencia ha perdido su carácter ideológico y se ha transformado en un grupo financiado por economías ilícitas, lo que representa una amenaza para la soberanía del país. Su pronunciamiento se dio luego de conocerse que miembros del ELN estarían reclutando migrantes venezolanos en el Catatumbo a cambio de cuatro millones de pesos.
Petro sostuvo que la violencia ejercida por el ELN ya no responde a una lucha insurgente, sino a una estructura criminal basada en el narcotráfico. Según el jefe de Estado, este grupo armado opera en regiones estratégicas para la salida de drogas, como zonas fronterizas y puertos, lo que ha permitido su expansión con combatientes extranjeros. “El ELN crece con mercenarios. Es la modalidad del traquetismo”, afirmó el mandatario, señalando que la financiación de la guerrilla proviene, en gran parte, de rentas ilícitas, desplazando cualquier motivación política o revolucionaria.
En su intervención, el presidente insistió en que el fin del conflicto en Colombia solo será posible con el desmantelamiento de las economías ilegales y la sustitución de cultivos ilícitos por proyectos agroindustriales sostenibles. Además, criticó la falta de inversión en infraestructura en las regiones más afectadas por la violencia y destacó la reciente reforma constitucional que incrementó los recursos para los municipios. Petro también anunció que se abrirá un debate sobre la descentralización del país a través de un proyecto de ley de competencias que espera someter a una amplia discusión pública.
El proceso de negociaciones de paz con el ELN, que incluyó varias rondas de diálogo, se debilitó ante la falta de consensos sobre puntos clave como el cese al fuego y el compromiso del grupo armado con el abandono de actividades ilícitas. Aunque ambas partes intentaron avanzar en un acuerdo, la desconfianza y los recientes actos de violencia en regiones como el Catatumbo, donde más de 35.000 personas han sido desplazadas, profundizaron la crisis. Mientras el Gobierno responsabiliza al ELN por la ruptura de los diálogos, la guerrilla sostiene que el Ejecutivo no brindó las garantías necesarias para continuar con las conversaciones.
