La Contraloría General de la República ha detectado irregularidades fiscales que superan los 5.600 millones de pesos en la Superintendencia de Salud tras una auditoría realizada durante la vigencia de 2023. El principal hallazgo está relacionado con un contrato para implementar el Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo (SGDEA), cuya ejecución fallida generó el mayor detrimento patrimonial. Este contrato, firmado con Control Online S.A.S por 5.788 millones de pesos, buscaba integrar los sistemas de archivo documental de la entidad. Sin embargo, el software no cumplió con los requerimientos técnicos establecidos, afectando la gestión de los expedientes digitales y violando normas archivísticas.
Según el informe de la Contraloría, la Superintendencia otorgó prórrogas y recursos adicionales al contratista, pero el sistema nunca entró en operación. En una inspección realizada en octubre de 2024, se confirmó que el software distaba de cumplir con las especificaciones pactadas. Además, la entidad permitió que Control Online participara en la licitación sin cumplir los requisitos estipulados en los documentos básicos del proceso, lo que contribuyó al desfalco del presupuesto público. Este caso evidencia una grave falta de control en la supervisión y ejecución de los contratos tecnológicos.
Además del SGDEA, la Contraloría detectó otras irregularidades en el manejo de recursos públicos. Una de ellas corresponde a la pérdida de inventarios por más de 49 millones de pesos, ocasionada por la falta de devolución de 27 equipos tecnológicos por parte de un exempleado. El informe señala que no existe un procedimiento claro para gestionar la entrega de bienes asignados a los funcionarios salientes, lo que derivó en un detrimento patrimonial para el Estado. La omisión en la solicitud de pólizas de seguro agravó la situación.
Otro hallazgo importante se relaciona con la gestión de cobro de incapacidades. La Superintendencia tarda entre uno y tres años en radicar las solicitudes ante las EPS, lo que impide la recuperación oportuna de los recursos. Por esta mala práctica administrativa, la Contraloría calculó una afectación fiscal de 72 millones de pesos. Esta deficiencia no solo impacta el flujo de recursos, sino que también refleja un manejo ineficiente de los procesos internos de la entidad.
Por último, se identificaron anomalías en el cobro de acreencias, con pérdidas superiores a los 139 millones de pesos. La Superintendencia no radicó a tiempo las reclamaciones relacionadas con sanciones, tasas y contribuciones, lo que impidió recuperar estos recursos. El informe señala casos en los que la entidad presentó radicaciones hasta siete meses después de los plazos establecidos, afectando directamente las finanzas públicas. Estos hallazgos reflejan una gestión ineficaz en el manejo del patrimonio estatal y subrayan la necesidad de implementar controles internos más rigurosos.
