La Fiscalía ha compulsado copias a la Corte Suprema de Justicia para investigar a 28 congresistas por presuntas irregularidades en contratos del Instituto Nacional de Vías (Invías). Según la denuncia de María Alejandra Benavides Soto, exasesora del Ministerio de Hacienda, estos contratos habrían seguido un patrón similar al de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), donde se negociaban recursos a cambio de apoyo legislativo al Gobierno. Benavides Soto, quien colabora con la Fiscalía, aseguró que en el Invías se manejaron cifras incluso mayores que en el escándalo de la UNGRD.
Ante estas denuncias, la Corte Suprema de Justicia solicitó al Invías información sobre el ingreso de los congresistas investigados a la entidad y sus reuniones con funcionarios. Según información obtenida, el Invías respondió el 11 de marzo entregando un primer informe a la Corte, el cual coincide con las declaraciones de la exasesora. En la lista de personas que habrían visitado la entidad figura Jaime Ramírez Cobo, exasesor del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) y persona cercana a Laura Sarabia, así como Kevin Fernando Henao Martínez, quien, según Olmedo López, exdirector de la UNGRD, habría enviado listas de congresistas del Pacto Histórico para condicionar la aprobación de proyectos.
También aparece en la investigación Alejandra Carolina Ramírez Oliveros, exasesora del Ministerio de Hacienda, a quien Benavides Soto señaló como la encargada de gestionar una tabla con los nombres de los congresistas y los proyectos que solicitaban. La revisión de los ingresos de los implicados al Invías abarca desde 2019 hasta 2024. Entre los congresistas mencionados están Juan Loreto Gómez Soto (Conservador), Olga Lucía Velásquez Nieto (Alianza Verde), Luvi Katherine Miranda Peña (Alianza Verde), Wilmer Carrillo Mendoza (Partido de la U), Daniel Restrepo Carmona (Conservador) y otros legisladores de diferentes partidos.
Algunos de los congresistas han afirmado que su presencia en el Invías obedeció a gestiones normales para proyectos de sus regiones, dentro del marco de la relación entre el Legislativo y el Ejecutivo. Sin embargo, las autoridades continúan con la investigación para determinar si existieron actos de corrupción en la asignación de estos contratos.
