Nicaragua niega extradición y otorga asilo político a Carlos Ramón González, implicado en caso UNGRD

20 de agosto, 2025

Nicaragua niega extradición y otorga asilo político a Carlos Ramón González, implicado en caso UNGRD

El gobierno de Nicaragua negó oficialmente la solicitud de extradición presentada por Colombia contra Carlos Ramón González Merchán, exjefe del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), señalado como uno de los principales implicados en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). La decisión confirma que el gobierno de Daniel Ortega le otorgó asilo político al exfuncionario cercano al presidente Gustavo Petro, blindándolo frente a la justicia colombiana.

El documento expedido por el Gobierno de Nicaragua establece que González recibió asilo político amparado en la Constitución de ese país y en tratados internacionales de derechos humanos. Con ello, la administración Ortega argumentó que no existen condiciones para enviarlo a Colombia, donde enfrenta graves acusaciones de cohecho, peculado y lavado de activos por su presunto rol como uno de los cerebros detrás del saqueo a la UNGRD.

El pasado 17 de agosto, la Cancillería de Colombia presentó de manera urgente la solicitud de extradición ante el Ministerio de Exteriores de Nicaragua. La gestión se produjo tras confirmarse que González ya contaba con residencia en ese país, pese a que desde el 4 de julio pesa sobre él una orden de captura emitida por un juez en Bogotá. Ese mismo día, la Fiscalía también notificó a Interpol para que emitiera circular roja, pero hasta la fecha no ha habido respuesta desde la organización.

La situación generó reacciones en el Palacio de San Carlos, donde la nueva canciller, Rosa Yolanda Villavicencio, evitó pronunciarse sobre el tema ante la prensa. Por otra parte, el magistrado Leonel Rogeles, del Tribunal Superior de Bogotá, sostuvo que existen pruebas que vinculan a González con pagos ilegales a congresistas para facilitar la aprobación de proyectos impulsados por el Gobierno. De acuerdo con la acusación, el exfuncionario habría dado instrucciones a Olmedo López, entonces director de la UNGRD, para usar recursos de la entidad en el pago de coimas a los presidentes de Senado y Cámara.

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