Tras una serie de atentados que dejaron 12 policías y seis civiles muertos en Amalfi (Antioquia) y Cali (Valle), el presidente Gustavo Petro anunció que las Disidencias de las Farc, la Segunda Marquetalia y el Clan del Golfo serán declaradas organizaciones terroristas. La decisión se dio en medio de un discurso en Valledupar, donde el mandatario acusó a lo que llamó la “junta del narcotráfico” de articular las estructuras armadas que operan en diferentes regiones del país.
Según información preliminar de inteligencia, la facción de alias ‘Calarcá’ estaría detrás del derribamiento del helicóptero en Amalfi, mientras que el ataque con carro bomba a la base de la Fuerza Aérea en Cali habría sido ordenado por la disidencia de alias ‘Iván Mordisco’. Petro sostuvo que este tipo de acciones demuestran un paso hacia el terrorismo, pues ya no se trata de enfrentamientos directos con la fuerza pública, sino de ataques contra población civil y bienes de interés nacional.
En su intervención, el jefe de Estado precisó que pedirá a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado elevar el caso ante la Corte Penal Internacional (CPI), con el fin de que se abra un proceso por crímenes de lesa humanidad. Para el general (r) Guillermo León, presidente de Acore, esta medida podría darles a estas estructuras un estatus internacional comparable al de organizaciones como Al Qaeda, lo que permitiría a Colombia actuar con más respaldo jurídico y ampliar la cooperación internacional en labores de inteligencia y operaciones militares.
Estados Unidos ya había incluido desde 2021 a las Farc-EP y a todas sus facciones disidentes en la lista de organizaciones terroristas, debido a su persistencia en actividades de narcotráfico y violencia tras la firma del acuerdo de paz. La administración Biden también incorporó en meses recientes al Tren de Aragua y al Cartel de los Soles dentro de la misma clasificación, lo que refuerza el alcance de las sanciones y bloqueos financieros a estas estructuras criminales.
Sin embargo, algunos expertos en seguridad cuestionan el alcance real del anuncio presidencial. Luis Fernando Trejos señaló que no está claro si esta decisión implicará el fin de los acercamientos en Catar con el Estado Mayor Central (EMC), ni cómo se articularía la cooperación con Estados Unidos para intensificar las operaciones militares. También advirtió que la declaración podría interpretarse más como una reacción inmediata a los recientes ataques que como una política de seguridad claramente estructurada.
Por su parte, la investigadora Laura Bonilla, de la Fundación Pares, alertó sobre el impacto humanitario que puede generar esta categorización. Según explicó, al aumentar la presión militar es probable que los grupos armados escalen la violencia contra la población civil, como ya ocurrió en el ataque con carro bomba en Cali. En esa acción, el Gobierno señaló que podría estar involucrada la columna Jaime Martínez, aunque hasta el momento ninguna organización se ha atribuido oficialmente el atentado.
