El Procurador General de la Nación, Gregorio Eljach, aseguró este jueves que no existe evidencia para afirmar que el presidente Gustavo Petro haya vulnerado la institucionalidad en Colombia. Desde el evento de socialización del Sistema de Vigilancia Electoral, Eljach enfatizó que el mandatario ha mantenido un respeto institucional, a pesar de sus constantes críticas a decisiones puntuales de algunos órganos del Estado. Las declaraciones se producen en medio del debate por el decreto que pretendía convocar una consulta popular, suspendido de manera provisional por el Consejo de Estado.
El procurador destacó que la decisión de la Sección Quinta del alto tribunal es clave para preservar el sistema democrático de pesos y contrapesos. Aseguró que la Procuraduría vigilará el estricto cumplimiento de lo que decidan las altas cortes sobre la legalidad del decreto expedido por el Ejecutivo. “Nadie puede decir que el presidente ha roto la institucionalidad. Lo que ha hecho es proponer, con base en sus convicciones, los cambios que considera necesarios”, señaló Eljach, quien insistió en que las instituciones deben ser respetadas más allá del debate político.
Frente al rol del Registrador Nacional, Hernán Penagos, el Procurador también fue enfático en respaldar su decisión de acudir a la justicia para resolver el conflicto jurídico. Según explicó, Penagos actuó con responsabilidad al no convocar la consulta sin una definición clara de su validez legal. En ese contexto, subrayó que ningún funcionario del Ministerio Público, ni de otros órganos de control, está subordinado al poder de turno: “No hay Procurador de bolsillo ni Contralor que se aparte de su deber constitucional”, reiteró.
Eljach aprovechó su intervención para hacer un llamado al respeto entre instituciones y a mantener el diálogo como vía para tramitar las diferencias. En medio del agitado debate político, instó al Gobierno a abstenerse de insistir en fechas para la consulta popular mientras el Consejo de Estado no tome una decisión de fondo. “Debemos permitir que las cortes definan con claridad si el decreto se ajusta a la Constitución. Esa es la única manera de garantizar que los procesos democráticos cuenten con plena legitimidad”, agregó.
En paralelo, la Registraduría envió al Consejo de Estado un documento solicitando aclaraciones clave: si el Gobierno tiene la facultad de convocar la consulta tras el rechazo del Senado y si procede aplicar una excepción de inconstitucionalidad. Mientras tanto, el alto tribunal será el encargado de evaluar si se cumplieron los requisitos legales en la expedición del decreto. Tanto la Procuraduría como la Registraduría han reiterado que respetarán la decisión definitiva que emita la justicia.
