La Procuraduría General de la Nación abrió de oficio una indagación previa contra cuatro exfuncionarios del gobierno Petro luego de la divulgación de audios por parte de la Unidad Investigativa de Noticias Caracol. Los investigados son el exministro de Defensa, Iván Velásquez Gómez; el exalto comisionado para la Paz, Danilo Rueda Rodríguez; el exdirector de la Dirección Nacional de Inteligencia, Jorge Lemus; y el exjefe de contrainteligencia de esa entidad, Ricardo Rey Rosanía, los cuatro cargos que concentraban el manejo de la política de paz total y la inteligencia del Estado en los primeros meses del gobierno.
Las grabaciones sugieren que el entonces comisionado Danilo Rueda habría detallado diversos compromisos institucionales orientados a favorecer la posición del Clan del Golfo en sus áreas de influencia. Entre los aspectos bajo revisión aparecen referencias a un eventual cese al fuego unilateral, movimientos de tropas, modificaciones en operaciones de inteligencia y posibles acciones contra integrantes de la Fuerza Pública que no acataran determinadas instrucciones. En los audios, el interlocutor del Clan del Golfo es alias Jerónimo, identificado como uno de los máximos comandantes del grupo, quien habría pedido explícitamente retirar los grupos de "infiltramiento" de la Policía y el Ejército en las zonas donde opera la estructura criminal.
La Procuraduría también indaga la reunión que Jorge Lemus habría tenido con el exnarcotraficante Edward Ferney Rincón, alias Boyaco Sinaloa, en la que Lemus le habría pedido hacer lobby en el Congreso para apoyar un proyecto de ley que buscaba facilitar las negociaciones con el Clan del Golfo y otros grupos criminales. Adicionalmente, los audios plantean la posibilidad de que los relevos en la cúpula militar y policial realizados en los primeros meses del mandato hubieran estado vinculados de manera directa a los acercamientos iniciales con el Clan del Golfo, una hipótesis que el ente de control incluye expresamente en el alcance de la indagación.
En el auto de apertura, la Procuraduría señaló que era procedente iniciar la indagación con el propósito de identificar los hechos, las conductas y los posibles responsables, al considerar que, de manera preliminar, podrían tener relevancia desde el punto de vista disciplinario. El organismo ordenó nueve diligencias probatorias: solicitó al Ministerio de Defensa, la Consejería de Paz y la DNI certificaciones sobre quiénes encabezaron esas entidades entre 2022 y 2026; pidió a Noticias Caracol copia de sus informes; requirió a la Fiscalía el registro de solicitudes de levantamiento de órdenes de captura contra cabecillas del Clan; y citó a declaración juramentada al general (r) Henry Sanabria, exdirector de la Policía entre 2022 y 2023.
