La Procuraduría General de la Nación inició una investigación disciplinaria contra las EPS Coosalud, Emssanar, Servicio Occidental de Salud (SOS) y Asmet Salud, luego de recibir un informe de auditoría de la Superintendencia Nacional de Salud que evidenció posibles irregularidades en el uso de recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud. Según la entidad, existirían “presuntas prácticas irregulares en el manejo y destino de los recursos” que habrían sido desviados a terceros con fines distintos a los establecidos por la ley. Las cuatro entidades promotoras de salud están actualmente intervenidas por el Gobierno, lo que las convierte en objeto de vigilancia y control especial.
El documento emitido por la Procuraduría señala que la investigación se fundamenta en una denuncia presentada hace seis meses por la propia Superintendencia, que también fue enviada a la Fiscalía General de la Nación y a la Contraloría. En dicho informe, se solicitó esclarecer los pagos preferenciales que algunas EPS estarían haciendo a proveedores, aparentemente con la intervención de Mario Andrés Urán, señalado como un influyente lobbista del sector salud. Coosalud será investigada, entre otras cosas, por los pagos realizados a la Organización Clínica General del Norte, relacionada con la firma Venum Investments, la cual también controla otras entidades del sector.
Uno de los focos de la investigación se centra en Emssanar, sobre la cual se detectaron giros significativos a operadores de material de osteosíntesis. Entre enero y junio de 2024, los pagos mensuales promediaban $3.115 millones, mientras que entre julio y septiembre se dispararon a $5.276 millones. Estos incrementos no habrían sido justificados adecuadamente. Además, se indaga sobre 18 IPS y proveedores que registran cuentas por cobrar por otros conceptos, posiblemente relacionados con descuentos por desempeño, por un valor de más de $20.000 millones.
La Procuraduría también examinará el papel de Aurora en Salud y Novam, empresas que fueron contratadas por el agente interventor de Emssanar para realizar negociaciones de medicamentos y otras gestiones. En el caso de Asmet Salud, el organismo de control detectó 12 anticipos a terceros sin legalizar y reportes financieros con inconsistencias. En cuanto a SOS, la investigación busca esclarecer una diferencia de $455 millones en la trazabilidad de recursos asignados a seis prestadores de salud, según datos de diciembre de 2023.
En paralelo a estas investigaciones, la Procuraduría ordenó inspeccionar a la delegada de Entidades de Aseguramiento de la Superintendencia para obtener copias de los informes finales de auditoría con sus respectivos soportes. La medida disciplinaria también implica a varios funcionarios, incluyendo a Jaime Miguel González, representante legal de Coosalud, y Luis Carlos Arboleda, exinterventor de Emssanar, así como a otros interventores que estuvieron al frente de las EPS hasta finales de 2024, cuando el presidente Gustavo Petro ordenó su reemplazo.
