La Procuraduría General de la Nación ordenó suspender un contrato por más de $37.500 millones que fue adjudicado de manera directa en el municipio de Sogamoso, Boyacá. La advertencia fue formalizada a través de un documento publicado en la plataforma Secop, en el que se señala que el proceso podría incurrir en “nulidad absoluta” al no respetar los principios de igualdad y libre concurrencia en procesos de contratación pública. La intervención del Ministerio Público se centra en el contrato suscrito para la rehabilitación y mantenimiento de ejes viales urbanos y trabajos sobre el río Moniquirá.
Según la entidad, el contrato fue firmado el pasado 23 de mayo entre la Alcaldía de Sogamoso y la Empresa de Renovación e Infraestructura de Sogamoso (ERI S.A.S.), bajo la modalidad de contrato interadministrativo. El documento precisa que el acuerdo contempla una inversión total de $37.596 millones, de los cuales una porción está destinada exclusivamente a la administración del proyecto. No obstante, la Procuraduría advirtió que este tipo de obras, debido a su naturaleza y cuantía, debían ser sometidas a un proceso de licitación pública, no entregadas por contratación directa.
El Procurador Delegado para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública, Marcio Melgosa, fue quien firmó el oficio enviado al alcalde de Sogamoso, Mauricio Barón Granados. En su comunicación, enfatizó que ERI S.A.S., por su figura jurídica y por operar en un mercado con competencia, no cumple con los requisitos establecidos por la Ley 489 de 1998 para este tipo de contratación. También señaló que el procedimiento podría acarrear responsabilidades disciplinarias para los funcionarios involucrados.
Además de advertir sobre un posible desconocimiento de los principios legales en la contratación, la Procuraduría otorgó un plazo de dos días hábiles a la administración local para enviar la documentación que justifique la modalidad utilizada. En el mismo documento se recalca que el contrato se aleja del modelo ordinario de selección que debería haberse aplicado en este caso específico, abriendo la posibilidad de revisar su validez jurídica.
De acuerdo con fuentes de la administración municipal, la Alcaldía de Sogamoso ya ordenó la suspensión del proceso por cinco días a partir del 15 de julio, con el fin de atender los requerimientos del órgano de control. Mientras se resuelven las observaciones formuladas, el contrato por las obras de infraestructura urbana permanecerá congelado.
