El Proyecto de Ley 134 de 2024 tiene como objetivo aumentar la autonomía territorial de los departamentos y municipios en Colombia, permitiendo que reciban una mayor parte de los recursos de la Nación para mejorar su gestión y desarrollo. Actualmente, los entes territoriales solo reciben el 21% de los ingresos nacionales, lo que limita su capacidad para implementar políticas públicas eficaces y promover el ordenamiento territorial. Gobernadores y alcaldes han solicitado que este porcentaje aumente al 47%, con el fin de cumplir con los mandatos constitucionales y responder mejor a las necesidades locales.
La propuesta legislativa busca fortalecer las competencias de los departamentos en áreas clave como la tributación y la gestión catastral, facilitando una mayor capacidad para la toma de decisiones a nivel local. Además, introduce una categorización territorial que reconoce las diferencias demográficas, económicas y ambientales entre las regiones del país, lo que permitiría una distribución más equitativa de los recursos. Al asignar más responsabilidades y recursos a los gobiernos locales, se espera que estos puedan diseñar e implementar políticas públicas más adaptadas a las particularidades de cada territorio.
El proyecto también contempla la creación de un sistema único de información municipal y departamental, que mejoraría el control y seguimiento de los recursos invertidos en los territorios. Este sistema permitiría a los gobiernos departamentales no solo recaudar impuestos de manera más eficiente, sino también dirigir mejor la inversión en sus regiones, fomentando el desarrollo productivo y competitivo. De este modo, los departamentos podrían asumir un rol más activo en el fortalecimiento económico de sus territorios, promoviendo un crecimiento sostenible.
El Gobierno Nacional apoya este proyecto, ya que considera que puede impulsar la descentralización y fortalecer las capacidades fiscales de los departamentos y municipios. Aunque el proyecto de ley aún debe ser discutido en cuatro debates en el Congreso, su aprobación podría representar un cambio significativo en la gestión territorial de Colombia, permitiendo a las regiones una mayor autonomía y un mejor manejo de sus recursos.
