El secretariado de las extintas FARC reconoció públicamente su responsabilidad en el reclutamiento de menores de edad durante el conflicto armado en Colombia. En una carta dirigida a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), los exjefes guerrilleros admitieron haber involucrado a más de 18.600 niños, niñas y adolescentes en actividades armadas, logísticas y de inteligencia, afectando profundamente a sus familias y comunidades. “Fue un hecho injustificable que dejó cicatrices hondas en el tejido social”, afirmaron los comparecientes.
El reconocimiento responde al Auto 005 de 2024, emitido por la Sala de Reconocimiento de la JEP, que atribuyó al secretariado responsabilidades en delitos graves como violencia sexual, tortura, malos tratos y homicidios contra menores. Con la firma de Rodrigo Londoño, Pastor Alape, Pablo Catatumbo y otros miembros, el comunicado expresa su compromiso con el esclarecimiento de la verdad, la reparación a las víctimas y la garantía de no repetición. También solicitaron unificar en una sola resolución las múltiples investigaciones para facilitar una comprensión integral del conflicto.
Diversos testimonios y análisis de la Comisión de la Verdad, en su informe «No es un mal menor», señalan que el reclutamiento infantil fue ejecutado mediante tácticas de manipulación emocional, chantaje afectivo y promesas falsas. En zonas rurales, las Farc usaron discursos seductores sobre justicia social para persuadir a adolescentes, en muchos casos aprovechando su precariedad económica. “Iban a los colegios a prometer una salida al abandono estatal”, relató una de las víctimas entrevistadas.
El informe advierte que muchas adolescentes fueron engañadas a través de relaciones afectivas forzadas, y una vez dentro de la organización, no podían salir. Las armas, el dinero y el aparente poder fueron utilizados como símbolos de masculinidad dominante para consolidar estos vínculos abusivos. Estas estrategias fueron descritas por la JEP como violencias reproductivas y sexuales sistemáticas que no pueden ser minimizadas ni justificadas por las condiciones del conflicto.
La Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP deberá evaluar si la declaración del secretariado cumple con las condiciones fácticas, jurídicas y restaurativas exigidas en el marco de la justicia transicional. Si se considera insuficiente, el caso será remitido a la Unidad de Investigación y Acusación, lo que podría llevar a un proceso sancionatorio con penas de hasta 20 años de prisión para los responsables. La revisión incluye no solo lo confesado por los excombatientes, sino también la omisión de violencias adicionales identificadas en el expediente.
De acuerdo con cifras consolidadas por la Jurisdicción Especial para la Paz, entre 1971 y 2016 se identificaron 18.677 víctimas de reclutamiento infantil atribuibles a las FARC. El proceso judicial ha contado con el aporte de más de 10.200 personas entre víctimas, familiares y testigos, quienes han entregado información clave sobre las formas de vinculación forzada y las condiciones de vida de los menores dentro de la organización. La JEP ha determinado cinco patrones macrociminales relacionados con estos hechos, incluyendo violencia basada en género, desapariciones forzadas y trabajos forzados, lo que permite dimensionar la magnitud del fenómeno y su impacto estructural en comunidades rurales y étnicas de todo el país.
