El secuestro en Colombia volvió a encender las alarmas tras el caso de Samuel Londoño Escobar, un joven de 17 años retenido por hombres armados en la vía entre Miranda (Cauca) y Florida (Valle del Cauca). El hecho ocurrió el pasado 2 de septiembre, cuando el menor se movilizaba en moto junto a dos amigos y fue interceptado por cuatro sujetos en una camioneta. El video de seguridad de una estación de servicio cercana es hoy la principal prueba con la que cuentan las autoridades para avanzar en las investigaciones.
La retención del menor refleja el recrudecimiento de la violencia en la región suroccidental del país, donde confluyen disidencias de las Farc, el ELN y bandas criminales que recurren al secuestro como herramienta de control. En departamentos como Cauca, Nariño y Valle del Cauca, la población vive bajo el temor permanente de ataques, reclutamiento de menores y extorsiones. Desde la Alcaldía de Miranda se exigió la liberación inmediata del joven, mientras líderes comunitarios advierten que muchos niños abandonan sus estudios para evitar ser víctimas de la violencia.
De acuerdo con cifras de la Fundación Paz y Reconciliación (PARES), entre enero y julio de 2025 se han registrado 249 casos de secuestro en Colombia, lo que significa un incremento del 55% frente al mismo periodo de 2024, cuando se reportaron 160 hechos. El análisis detalla que el 44% de los casos están vinculados con disidencias de las Farc, que reactivaron esta práctica como fuente de financiación ilegal y como mecanismo de control social en territorios rurales y urbanos.
El informe de PARES advierte que el secuestro ha mutado respecto a décadas anteriores: si antes tenía un carácter político y prolongado, ahora se configura como una práctica de rápida ejecución con motivaciones extorsivas. Ciudades como Bogotá registraron 20 secuestros entre 2019 y 2020, mientras en 2025 municipios como Argelia (Cauca) lideran las estadísticas nacionales de raptos. Analistas consultados señalan que el fenómeno ya no es tan mediático como en los años noventa, pero mantiene altos niveles de impacto en la vida civil.
La Fundación Ideas para la Paz (FIP) coincide en que los secuestros actuales se diversifican entre fines políticos, económicos y extorsivos. Una de las prácticas más comunes, según el organismo, es la tercerización del secuestro, donde grupos armados contratan bandas delincuenciales para ejecutar los plagios. En el caso de Lyan Hortua, un niño de 11 años retenido en Jamundí, se comprobó la participación de estructuras urbanas vinculadas a organizaciones mayores.
Los departamentos más golpeados por el secuestro en 2025 han sido Cauca, Nariño, Arauca, Norte de Santander y Antioquia. Para el profesor Juan Carlos Arteta, el aumento de este delito está ligado a la implementación deficiente de la política de Paz Total, pues los ceses al fuego han reducido la presión militar y permitido el fortalecimiento de los grupos ilegales. Aunque el país está lejos de las cifras de hace dos décadas, cuando se reportaban hasta 15 secuestros diarios, expertos como Carlos Sanabria advierten que el fenómeno persiste como uno de los principales riesgos de seguridad y que exige estrategias urgentes de prevención y control.
