La Jurisdicción Especial para la Paz convocó a 25 exintegrantes del Ejército Nacional a audiencias públicas de reconocimiento de responsabilidad en el Subcaso Costa Caribe del Caso 03. La primera jornada arranca mañana 30 de junio en Barranquilla y se extiende hasta el 1 de julio; la segunda se realizará en Valledupar entre el 28 y el 30 de julio. Los comparecientes fueron imputados en abril de 2025 como máximos responsables de crímenes de guerra y de lesa humanidad por el asesinato y la desaparición forzada de 604 personas presentadas falsamente como bajas en combate en los siete departamentos de la Costa Caribe entre 2002 y 2008.
A la jornada de Barranquilla acudirán 10 comparecientes, entre ellos los dos mayores generales retirados Hernán Giraldo Restrepo y Jorge Enrique Navarrete Jadeth, y el brigadier general retirado Adolfo León Hernández Martínez. Giraldo Restrepo comandó la Décima Brigada Blindada; Navarrete Jadeth estuvo al mando del Grupo Mecanizado Rondón; y Hernández Martínez dirigió el Batallón de Artillería No. 2 La Popa para la época de los hechos. También comparecerán coroneles que comandaron unidades tácticas de esa brigada, un mayor que dirigió la Fuerza de Reacción Divisionaria responsable de 41 asesinatos y desapariciones forzadas en 2006, y otros oficiales. De los 25 convocados, solo siete habían sido condenados previamente por la justicia ordinaria.
La JEP estableció que Barranquilla fue una de las ciudades más golpeadas por esta práctica criminal. Las víctimas eran contactadas en el mercado municipal, en sus alrededores o en sectores vulnerables de la ciudad, muchas de ellas personas en condición de vulnerabilidad asociada al consumo de estupefacientes. Barrios como Montes, Rebolo, Las Nieves, El Bosque y Chiquinquirá, y municipios del área metropolitana como Soledad, Baranoa y Luruaco, figuran en el expediente como zonas desde donde fueron reclutadas las víctimas que posteriormente aparecieron reportadas como bajas en combate en la Costa Caribe.
La investigación de la Sala de Reconocimiento de Verdad determinó que el 76% de las bajas reportadas entre enero de 2002 y octubre de 2008 por las 19 unidades militares analizadas eran falsas. De los 358 hechos ilegales identificados, 303 ocurrieron entre 2004 y 2007 y dejaron 517 de las 604 víctimas documentadas. El punto más alto fue 2007, con 159 eventos y 257 víctimas. La macroorganización criminal operó mediante un sistema tripartito de presiones para reportar bajas, incentivos para quienes las obtuvieran y mecanismos de encubrimiento que incluían la alteración de órdenes operacionales y la obstrucción de investigaciones disciplinarias. Entre las víctimas hay 26 niños y niñas, 31 indígenas de los pueblos Wiwa, Wayúu y Kankuamo, y 14 mujeres, una de ellas embarazada.
Los 25 comparecientes llegaron a esta etapa tras aceptar por escrito su responsabilidad por los hechos que la JEP les imputó. Tres de los 28 imputados originales — el brigadier general retirado Fabricio Cabrera Ortiz, el mayor general retirado Raúl Antonio Rodríguez Arévalo y el teniente coronel retirado William Hernán Peña Forero — no aceptaron los cargos y fueron remitidos a la Unidad de Investigación y Acusación para un juicio adversarial ante el Tribunal para la Paz, en el que podrían recibir hasta 20 años de prisión si son hallados culpables. El Comunicado 81 de la JEP recuerda que el coronel Publio Hernán Mejía, primer compareciente del Subcaso Costa Caribe en rechazar responsabilidad, ya fue condenado a esa pena máxima tras ser vencido en juicio en 2025.
Las audiencias de esta semana contarán con la participación de más de 108 víctimas acreditadas. Ante la sala, podrán relatar el impacto de los crímenes en sus vidas, presentar sus demandas de verdad y formular propuestas restaurativas que serán tenidas en cuenta en las siguientes etapas del proceso. En total, siete generales retirados del Ejército han reconocido responsabilidad por falsos positivos en distintas zonas del país desde que la JEP inició sus investigaciones, según el propio comunicado de la jurisdicción.
