Registrador defiende la transparencia en el proceso electoral tras críticas por adjudicación de contrato

El registrador nacional, Hernán Penagos, convocó una rueda de prensa para aclarar las dudas y críticas sobre la adjudicación del contrato para las elecciones de Juntas Administradoras Locales (JAL) a la firma Thomas Greg & Sons. Penagos respondió a los señalamientos de la Oficina de Transparencia de la Presidencia, que afirmó que el proceso careció de acceso plural de oferentes, afectando los principios de contratación estatal. Penagos aseguró que el proceso fue llevado a cabo con total legalidad y con la participación de la Procuraduría, que no encontró riesgos en el procedimiento. Además, defendió el cumplimiento de las obligaciones contractuales y destacó que la Ley 80 permite a la Registraduría contratar directamente la logística electoral.

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Durante la rueda de prensa, Penagos hizo una distinción clave entre la logística electoral y el proceso electoral, señalando que diversos proveedores se encargan de tareas como la transmisión, impresión y comunicación, las cuales no puede realizar la Registraduría. Ante las críticas y la posibilidad de que desde el Gobierno se intente generar dudas sobre las elecciones presidenciales de 2026, Penagos subrayó la independencia de la Registraduría y la transparencia del proceso, anunciando la implementación de un portal web donde se publicarán todas las actas electorales, permitiendo el acceso público a los documentos.

En cuanto a la participación de Thomas Greg & Sons en las elecciones de 2026, Penagos confirmó que se abrirá una nueva convocatoria pública, a la que se invitarán proveedores internacionales. Cualquier empresa seleccionada deberá contar con el conocimiento y la experiencia necesaria para llevar a cabo la logística electoral de manera eficiente. El registrador reiteró que la transparencia y la independencia del proceso electoral son pilares de la democracia, y defendió la integridad de la Registraduría.

Finalmente, Penagos abordó el tema del presupuesto de la Registraduría, que quedó en 3,2 billones de pesos tras un error en la reducción propuesta por el Gobierno. Expresó su expectativa de que el Ministerio de Hacienda apruebe rápidamente el uso de estos recursos, lo que permitirá a la Registraduría realizar el proceso electoral con suficiente tiempo y amplitud.