El gobierno colombiano, a través de Coljuegos, solicitó a Meta (propietaria de Facebook e Instagram) y al Centro Cibernético Policial el bloqueo de las redes sociales de varios influenciadores, incluidos Yeferson Cossio, Epa Colombia y La Liendra. La medida se fundamenta en la promoción de casas de apuestas en línea que no cuentan con la autorización de Coljuegos, entidad que regula los juegos de suerte y azar en el país. Según Marco Emilio Hincapié, presidente de Coljuegos, estas actividades ilegales generan pérdidas anuales de aproximadamente 70.000 millones de pesos, lo que motivó la solicitud y el inicio de 35 procesos sancionatorios contra influenciadores y empresas relacionadas.
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Coljuegos destacó que las cuentas señaladas han promovido plataformas no reguladas, infringiendo normativas nacionales y poniendo en riesgo a los usuarios. Entre las empresas investigadas figuran Productos Epa Colombia S.A.S., de la influenciadora Daneidy Barrera, y Grupo Cossio S.A.S., propiedad de Yeferson Cossio. Según la entidad, la publicidad de estas actividades se considera una amenaza para la legalidad del sector de apuestas, razón por la cual se han emitido 7.631 órdenes de bloqueo a sitios web y redes sociales vinculados con juegos de azar ilegales.
La solicitud también abarca cuentas de otros influenciadores como Marcela Reyes, Anthony Cárdenas Tv, Karina García y Kymberly Vesga, quienes presuntamente promocionaron rifas y apuestas no autorizadas. Coljuegos busca frenar la operación de estos sitios para proteger a los usuarios y garantizar el cumplimiento de las leyes nacionales. En su comunicado, la entidad señaló que se han iniciado investigaciones sobre 453 expedientes, incluyendo 79 perfiles de redes sociales que estarían operando rifas ilegales.
El gobierno resaltó la necesidad de regular la publicidad que influenciadores realizan en sus redes sociales para evitar que sigan promocionando este tipo de actividades. Esta situación ha generado un intenso debate sobre la responsabilidad de los creadores de contenido y su impacto en los consumidores. Mientras tanto, las redes sociales de los implicados permanecen bajo revisión, con el objetivo de determinar la magnitud de las infracciones.
