La Contraloría General de la República ha alertado sobre las consecuencias económicas del congelamiento de las tarifas de peajes en 2023, una medida tomada por el Gobierno para evitar riesgos inflacionarios. Según el ente de control, esta decisión generó un déficit de 610.000 millones de pesos en 2023 y se estima que este déficit podría alcanzar los 1,02 billones de pesos en 2024. Esta situación ha obligado a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) a buscar recursos adicionales para compensar a los concesionarios, ejerciendo una gran presión sobre el presupuesto nacional.
Además del impacto financiero, la Contraloría ha señalado que el congelamiento de las tarifas podría llevar a incumplimientos en los contratos de concesión, afectando la ejecución de proyectos viales estratégicos como el Canal del Dique y Autopistas del Caribe. Estos proyectos enfrentan retrasos significativos, lo que podría aumentar sus costos de manera considerable. El Canal del Dique, por ejemplo, ya tiene un costo proyectado de 4,43 billones de pesos, y su inicio se ha visto obstaculizado por diversos factores.
El proyecto de Autopistas del Caribe también enfrenta problemas, ya que la oposición de las comunidades a las nuevas tarifas de peaje ha generado conflictos sociales y retrasos en su ejecución. La Contraloría advierte que esta situación podría derivar en la terminación anticipada del contrato, lo que resultaría en cuantiosas indemnizaciones al concesionario, añadiendo más costos al Estado.
