El Gobierno nacional presentó este martes una serie de beneficios destinados a fortalecer la inclusión laboral en Colombia mediante incentivos tributarios para empresas que contraten población históricamente excluida del mercado formal. El Ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, confirmó que la iniciativa es una acción conjunta entre el Ministerio del Trabajo, el Ministerio de la Igualdad y la Fundación Natalia Ponce de León, con el objetivo de promover oportunidades laborales para jóvenes en su primer empleo, personas mayores en su última etapa productiva, personas con discapacidad, población trans y víctimas de la violencia, entre otros grupos. Según explicó Sanguino, las compañías que integren a estos trabajadores podrán acceder a deducciones especiales que van desde el 120 % hasta el 200 % sobre el impuesto de renta.
Además de los beneficios económicos, el Ministerio de Trabajo implementará sellos reputacionales para reconocer a las empresas que participen en la estrategia. Entre ellos se encuentra el “sello de segundas oportunidades”, dirigido a organizaciones que contraten a personas que hayan cumplido penas de prisión, y el “sello adulto mayor”, destinado a aquellas que vinculen laboralmente a personas mayores. Estos distintivos buscan resaltar públicamente el compromiso empresarial con la inclusión y fortalecer prácticas sostenibles de contratación en el sector privado. El jefe de la cartera laboral indicó que estas medidas se integran dentro de las acciones estructurales que el Gobierno viene adelantando para ampliar el acceso al empleo formal en el país.
Durante el anuncio, Sanguino también abordó el avance de las conversaciones sobre el salario mínimo para 2025, cuya mesa de concertación se instalaría en la última semana de noviembre. Según el ministro, el propósito es promover un diálogo basado en criterios técnicos y no en confrontaciones, con el fin de definir un incremento real que responda a las necesidades de los trabajadores. Recordó que, de acuerdo con cifras del DANE, cerca del 11 % de los empleados del país devengan actualmente el salario mínimo, lo que convierte esta negociación en un punto central para garantizar ingresos adecuados.
El ministro reiteró que la postura del Gobierno frente a la cifra definitiva dependerá de los indicadores oficiales de inflación y productividad que entregará el DANE en los próximos días. Esto, luego de que se conocieran declaraciones del Ministro del Interior, Armando Benedetti, quien mencionó una posible referencia de $ 1.800.000 como salario mínimo. Sanguino enfatizó que, más allá de cualquier estimación preliminar, la definición deberá ajustarse estrictamente a los datos técnicos que orientan la concertación anual.
