En Pueblo Rico, Risaralda, 18 familias aún esperan las viviendas que alguna vez les prometieron. El contrato, financiado con recursos del Sistema General de Regalías (SGR), contemplaba levantar 18 casas con un presupuesto de 2.718 millones de pesos. Pero la realidad fue otra: solo se construyeron cuatro, tan mal hechas que hubo que derribarlas. El contratista Ingeniería y Proyectos Sostenibles S.A.S. recibió un anticipo de 1.359 millones de pesos, la mitad del valor total, dinero que nunca fue recuperado pese a los incumplimientos. El entonces alcalde Leonardo Siagama, quien designó al Fondo Mixto para la Etnocultura, Memoria y Convivencia del Chocó (Fonpacífico) como ejecutor, enfrenta hoy investigaciones de la Procuraduría por presuntas irregularidades.
La historia de estas familias es apenas una muestra de un problema más amplio: la forma en que se contratan las obras a través de fondos mixtos. Aunque la Ley 2056 de 2020 ordena que los recursos de regalías se manejen bajo el Estatuto General de Contratación, muchos de estos fondos utilizan manuales privados que les permiten adjudicar contratos sin licitación pública. Así, cerca de 2,98 billones de pesos en proyectos de regalías terminaron en manos de contratistas seleccionados a discreción. Para expertos como Juan David Duque, exdirector de Colombia Compra Eficiente, se trata de una práctica irregular, mientras que Iván Unigarro, exfuncionario de la Procuraduría, la califica directamente como una maniobra ilegal para evadir la transparencia.
Desde los fondos mixtos, la defensa es otra. Sus directivos aseguran que la contratación por derecho privado está permitida y que no actúan fuera de la ley. Reconocen, sin embargo, que las invitaciones a presentar ofertas solo llegan a las empresas asociadas a los fondos, lo que en la práctica limita la competencia y deja por fuera a otros posibles oferentes. Juristas cuestionan esa dinámica cerrada, pues termina generando un círculo exclusivo donde siempre ganan los mismos.
Según datos del Departamento Nacional de Planeación (DNP), hay actualmente 147 proyectos con Proceso Administrativo de Control (PAC) abierto por presuntas irregularidades. De ellos, 62 están reportados en la plataforma SECOP y al menos 38 presentan anticipos ya girados sin obras en ejecución, con más de 133 mil millones de pesos comprometidos en contratos suspendidos. En algunos casos, las obras llevan detenidas dos y hasta tres años, aunque en su planeación original estaban previstas para menos de doce meses.
Las razones esgrimidas para justificar la suspensión van desde derrumbes y lluvias hasta incendios y amenazas de grupos armados. Mientras tanto, las comunidades siguen a la espera y los recursos adelantados permanecen en el limbo. Aunque existen pólizas y cláusulas penales, en muchos casos los anticipos no han sido devueltos, lo que debilita la confianza en la ejecución de los proyectos financiados con regalías.
Lo más delicado de la situación es que estos contratos están directamente vinculados con los proyectos priorizados por el Órgano Colegiado de Administración y Decisión (OCAD Paz), encargado de dirigir recursos destinados a implementar el Acuerdo de La Habana. Allí aparecen nombres de congresistas como Wadith Manzur y Yamil Arana, invitados permanentes a las sesiones, además del exconsejero presidencial Emilio Archila, investigado por la Procuraduría. Paralelamente, la Corte Suprema avanza en indagaciones contra parlamentarios señalados de presionar el giro de recursos de la paz a cambio de favores políticos, lo que revela hasta qué punto los intereses políticos y económicos rodean a estos contratos suspendidos.
