La Corte Interamericana de Derechos Humanos (IDH) declaró improcedente la solicitud de adopción de medidas provisionales presentada por la defensa del presidente Gustavo Petro. La petición buscaba frenar la investigación del Consejo Nacional Electoral (CNE) sobre presuntas irregularidades en la financiación de la campaña presidencial del Pacto Histórico en la primera y segunda vuelta electoral. La resolución emitida por el tribunal sostiene que la solicitud no tiene relación con el objeto del caso previamente fallado ni con las garantías de no repetición ordenadas en el fallo de 2020.
(Te puede interesar: Coljuegos solicita el bloqueo de las redes sociales de varios influenciadores por promoción de apuestas ilegales)
La defensa del mandatario argumentó que el CNE habría excedido sus competencias al formular cargos contra Petro, violando supuestamente la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la sentencia de la misma Corte del 8 de julio de 2020. Según los abogados, las acciones del CNE restringen derechos fundamentales como la garantía de juez natural y los derechos políticos del presidente. En su solicitud, también pidieron que el CNE se abstuviera de aplicar la resolución que dio inicio a la investigación por presunta vulneración del régimen de financiación de campañas.
En su fallo, la Corte IDH recordó que la sentencia de 2020 declaró la responsabilidad internacional del Estado colombiano por violar los derechos políticos de Petro mediante una sanción disciplinaria cuando era alcalde de Bogotá. Sin embargo, el tribunal determinó que, en este caso, el CNE no posee facultades para inhabilitar o restringir los derechos políticos del presidente, por lo que no aplica la misma lógica de inconvencionalidad atribuida previamente a la Procuraduría.
Además, la Corte destacó que en 2021 emitió una resolución que confirmó el cumplimiento parcial del fallo de 2020 por parte del Estado colombiano. En este sentido, consideró que la solicitud de la defensa de Petro carecía de conexión con las garantías de no repetición ordenadas previamente. Por ello, concluyó que la petición era improcedente, dejando en manos del CNE la continuidad de la investigación del Pacto Histórico.
